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En medio de la espiral de violencia criminal que afecta a Ecuador, su presidente insistió en que expulsará a 1.500 presos extranjeros, la mayoría de Colombia, Perú y Venezuela, causando preocupación entre sus países vecinos que internamente lidian con hacinamiento en sus cárceles.
En Perú el hacinamiento en las prisiones es de un 107 %, en Venezuela supera el 64 % y en Colombia alcanza el 24 %, según las cifras oficiales de cada país y el Observatorio Venezolano de Prisiones.
La idea de enviar a sus países de origen a los extranjeros en prisión fue advertida públicamente por el presidente Daniel Noboa en diciembre pasado como una forma de aliviar la crisis carcelaria en Ecuador, donde suelen presentarse motines.
Sin embargo, tomó fuerza esta semana luego de una seguidilla de actos violentos que incluyeron secuestros, explosiones, motines carcelarios y el asalto en directo de hombres armados a un estudio de televisión en Guayaquil. Ante la situación, Noboa declaró que el país se encuentra en “conflicto armado interno”.
Noboa dijo el miércoles a Radio Canela que no se trata de extradiciones, sino de expulsiones que se harían conforme a “acuerdos internacionales” y a la ley ecuatoriana: “Preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de cinco años o más” puede ser enviado en coordinación con su país.
Noboa aseguró que los envíos comenzarían esta semana, sin dar más detalles, y agregó que se priorizarían los de Colombia y luego los de otros países vecinos como Perú y Venezuela, de donde son el 90 % de los presos extranjeros.
Perú advirtió este jueves que si Ecuador envía a los 100 peruanos presos en sus cárceles, entonces devolverá a los 162 ecuatorianos que cumplen prisión en cárceles peruanas.
“Si por un acuerdo de autoridades se decide devolverlos a los condenados, nosotros tenemos 162 (presos ecuatorianos) así que será un tema recíproco… y, por lo tanto, no va a crear preocupación en el hacinamiento”, indicó el jefe de la agencia que administra las cárceles, Javier Llaque, a la radio local RPP.
Las 68 cárceles en Perú están diseñadas para albergar unas 41.000 personas, pero existen más de 95.000 presos. En promedio ingresan unos 5.500 presos cada año y, ante la afluencia, el gobierno tiene planeado construir dos cárceles en 2024.
Colombia, de donde serían la mayoría de los presos que Ecuador pretende expulsar, advirtió el miércoles en un comunicado que la repatriación de connacionales entre los dos países se rige por un convenio de 1990 que indica que debe ser un proceso individual, no masivo, que “responde a criterios objetivos, no a la simple voluntad de los Estados parte”.
El protocolo existente, según Colombia, incluye el consentimiento de la persona privada de libertad y tiene como criterios que haya cumplido al menos el 50 % de la pena, presente un estado de salud grave o tenga más de 65 años de edad.
Colombia se mostró a favor de iniciar repatriaciones, pero advirtió que la eventual expulsión de presos “constituiría una decisión unilateral” de Ecuador que dejaría sin efectos las decisiones judiciales de sus órganos de justicia en Colombia.
El ministro de Justicia colombiano, Néstor Osuna, explicó a la prensa que la expulsión equivale a dejarlos en libertad y, por tanto, solo podrán ser capturados en territorio colombiano si tienen deudas con la justicia.
En caso de llegar a las cárceles, Osuna señaló que no hay espacio para albergarlos. Las prisiones en Colombia tienen capacidad de 81.740 cupos, pero alojan una población de 101.644 personas, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
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