Fiscalía pide a presidenta de Perú informes médicos sobre cirugía de nariz por la que es investigada

La Fiscalía de la Nación de Perú pidió el jueves a la presidenta peruana, Dina Boluarte, que envíe la documentación médica que motivó una cirugía nasal en 2023, por la que es investigada ante señalamientos de abandono de cargo y omisión de funciones.

En un comunicado, la fiscalía requirió que, en un plazo de 24 horas, la mandataria aporte los informes sobre el estado de salud que justificaba la intervención quirúrgica, ante la polémica de las últimas semanas sobre su ausencia durante 11 días, entre junio y julio de 2023.

Boluarte, que ha desmentido a través de su defensa que se tratase de una cirugía estética, declaró durante cuatro horas ante el Ministerio Público esta semana en un caso en el que es investigada por haber omitido su deber de comunicar al Parlamento y al gabinete ministerial el “impedimento temporal” para ejercer la presidencia entre el 28 de junio hasta el 9 de julio.

Los delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales se castigan en Perú con dos años de cárcel.

Según aseguró el lunes el abogado de la mandataria, Juan Portugal, la operación duró una hora y se realizó la noche del 28 de junio de 2023. Aquella noche la mandataria durmió en la clínica y al día siguiente por la mañana volvió a sus labores de forma normal.

La fiscalía también solicitó a la presidenta o a su defensa que remita las “91 normas en original que asegura suscribió entre el 28 de junio y 9 de julio de 2023”. La mandataria dijo en diciembre que en los 11 días posteriores a su cirugía firmó 91 normas y reprochó “que ahora dicen que fueron falsificadas las firmas”.

Luego de concluir su investigación preliminar, el Ministerio Público podría acusar constitucionalmente ante el Parlamento a la presidenta, para que cuando culmine su gestión —el 28 de julio de 2026— pueda ser juzgada ante la Corte Suprema, como determina el procedimiento para altos funcionarios en Perú.

La mandataria suma ahora seis indagaciones fiscales por diversos delitos, incluido el de homicidio calificado por su responsabilidad en las muertes de manifestantes entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 durante una serie de protestas que exigían su renuncia.

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