Cuba aprobó una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de la cual la ciudadanía tendría el derecho a solicitar información a los órganos del Estado y demás sujetos responsables, aunque periodistas y analistas consultados por Martí Noticias no creen que esta se cumpla en la mayoría de los casos.
«Me siento escéptico de que su cumplimiento tenga un resultado positivo para los ciudadanos”, dijo el periodista independiente Reynaldo Escobar.
“Si todo eso que está en la ley se cumple, pues yo podría ir a las oficinas de inmigración y preguntar por qué estoy regulado, quién me reguló, ¿Cuáles son los motivos? ¿Y durante cuánto tiempo? Porque se sobreentiende que eso es una entidad pública, una entidad del Estado», agregó.
Escobar mencionó que desde hace años «nadie se entera realmente cuántas toneladas se produjeron» durante las cosechas azucareras ni cuál es el salario del presidente.
En su artículo 53 la ley estipula que todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado «información veraz, objetiva y oportuna, y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades conforme a las regulaciones establecidas».
«Yo no sé realmente qué hace Gaesa con el dinero que gana en los hoteles, en las inversiones que se están haciendo en construir hoteles que están vacíos», acotó el reportero.
A los efectos de la nueva disposición, se entiende por información pública aquella que generan o custodian los sujetos en el ejercicio de sus funciones públicas, así como las personas naturales y jurídicas que reciben financiamientos y otros beneficios públicos, contenidas en documentos, grabados o registrados en diversos formatos.
El texto de la normativa aclara que las autoridades pueden restringir el acceso a la información pública de forma total o parcial en casos de información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que de divulgarse constituyan un daño, peligro, afectación o violación para la soberanía, defensa y la seguridad nacional, los datos personales, un procedimiento judicial o administrativo en trámites, los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad de datos comerciales y el medio ambiente.
«La transparencia es fundamental para el ejercicio de un Estado o para el ejercicio ciudadano sano. Cuba en la Constitución del 40 creó el Tribunal de Cuentas y fue la primera de las 3 instituciones jurídicas e independientes que el castrismo canceló, clausuró en el mismo año 59, o sea hoy por hoy la transparencia es casi una burla», afirmó por su parte el periodista Boris González Arena.
Asimismo, recordó que recientemente Gladys María Bejerano, contralora General de la República de Cuba, reconoció que no tiene capacidad de fiscalización sobre los activos del Grupo de Administración Empresarial, SA (Gaesa) ni sobre la utilización del dinero por parte de esa entidad, que administra una gran parte de la economía en la isla.
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