El gobierno cubano ha anunciado recientemente una serie de reformas que permitirán la importación de automóviles de lujo a partir de 2025.
Estas medidas, publicadas en la Gaceta Oficial No. 128 del año 2024, prometen flexibilizar las normativas sobre la compraventa y transferencia de vehículos, con el objetivo de aliviar las tensiones en el acceso al transporte.
Sin embargo, a pesar de los avances que representan estas reformas en términos de modernización del parque automotor, las profundas raíces de la crisis de transporte en Cuba, marcada por un parque excesivamente envejecido, falta de combustible y piezas de repuestos y mala gestión estatal, siguen siendo un escalón difícil en el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel.
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Medidas clave de la nueva normativa
Una de las principales medidas de esta reforma es la flexibilización en la transmisión de propiedad de vehículos. A partir de 2025, será posible la venta y transferencia de vehículos entre personas naturales y jurídicas, incluidas empresas privadas y organizaciones religiosas.
Sin embargo, las ventas que involucren entidades estatales aún requerirán la aprobación del Consejo de Ministros, lo que deja en claro que el control estatal seguirá siendo un elemento clave en la regulación del mercado de vehículos en la isla.
Además, la nueva normativa introduce un sistema de tarifas arancelarias diferenciado: los vehículos eléctricos gozarán de un arancel preferencial del 10%, mientras que los de combustión interna enfrentarán tasas de hasta el 30%, según la categoría del vehículo.
Estas tarifas pretenden incentivar la adopción de vehículos eléctricos, una medida en línea con los esfuerzos globales por reducir las emisiones de carbono y promover la sostenibilidad, pero que no tiene mucha cabida en un país que enfrenta apagones a diario.
Cómo será la importación de vehículos de lujo
Una de las reformas más controvertidas de la nueva normativa es la autorización de la importación de vehículos de lujo, que estarán sujetos a impuestos de hasta el 200%.
Aunque esta medida representa una señal de apertura económica, no deja de generar incertidumbre. El acceso a vehículos de lujo, incluso con aranceles elevados, seguirá siendo un privilegio para unos pocos, dado que los precios de estos autos superan ampliamente los ingresos promedio de la población cubana.
Por otro lado, los vehículos utilitarios tendrán impuestos de hasta el 100%, un intento por balancear el acceso a vehículos más asequibles. Sin embargo, los precios iniciales de los autos siguen siendo exorbitantes, especialmente si se considera que el salario promedio en Cuba es de aproximadamente tres mil pesos cubanos al mes (alrededor de 10 USD). Esto hace que la compra de un automóvil con valor de más de 15 mil USD siga siendo una posibilidad remota para la mayoría de los cubanos.
¿Una solución real a la crisis de transporte?
Aunque el gobierno ha prometido que los ingresos generados por los impuestos a los vehículos se destinarán al mantenimiento y mejora de la infraestructura de transporte público, la pregunta sigue siendo si estas reformas podrán solucionar los problemas estructurales del sistema de transporte cubano.
A pesar de los avances, el transporte público sigue siendo ineficiente, insuficiente y en malas condiciones, lo que obliga a muchos ciudadanos a depender de vehículos privados, incluso si no pueden permitírselo.
Además, la reducción de márgenes comerciales en las entidades estatales importadoras es un paso positivo, pero insuficiente. En un contexto donde el costo de vida es cada vez más alto y la inflación sigue aumentando, la adquisición de un vehículo sigue siendo inaccesible para la mayoría de los cubanos, independientemente de las reformas fiscales.
Expectativas e incertidumbres: ¿Será un avance o solo un paliativo?
La flexibilización en la compraventa de vehículos, especialmente entre personas naturales y jurídicas, genera expectativas de un mercado más dinámico y accesible. Sin embargo, la implementación de estas reformas enfrenta varios desafíos.
A pesar de las promesas de reducción de impuestos y tarifas, la falta de recursos y la burocracia estatal siguen siendo factores limitantes en la efectividad de estas reformas.
Por otro lado, la venta de autos usados provenientes del turismo, aunque parece una solución a la escasez de vehículos, también está sujeta a restricciones. Esto podría generar una burbuja especulativa que perjudique aún más a los ciudadanos que dependen de estos vehículos para su transporte diario.
En conclusión, si bien las reformas propuestas por el gobierno cubano parecen ser un paso hacia la modernización del parque automotor, las verdaderas soluciones a la crisis del transporte en Cuba siguen siendo escasas.
Las medidas son un alivio parcial, pero no resuelven los problemas estructurales que afectan a la mayoría de los ciudadanos. El verdadero desafío será ver cómo se implementan estas políticas en los próximos años y si realmente logran democratizar el acceso a los vehículos o si, por el contrario, se convierten en un nuevo espejismo en la ya complicada realidad económica de Cuba.
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