Gobierno de Maduro rechaza prórroga sobre emergencia nacional dictada por EE UU sobre Venezuela

El gobierno venezolano ha rechazado enérgicamente la prórroga de un año de la declaración de emergencia nacional impuesta por Estados Unidos en 2015. Según el gobierno de Nicolás Maduro, esta extensión es una acción innecesaria, absurda y hostil. En un comunicado, el gobierno expresó que esto demuestra la incapacidad del liderazgo decadente de Estados Unidos para diseñar una política exterior coherente que no se base en la coerción, el chantaje o el irrespeto.

Estados Unidos considera que la situación en Venezuela representa una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional y política exterior, por lo que ha renovado sistemáticamente el decreto 13692, dictado por el entonces presidente Barack Obama el 8 de marzo de 2015. Sin embargo, Venezuela afirma que este decreto se ha utilizado para justificar una campaña de agresión contra su pueblo, violando las normas del derecho internacional y constituyendo un castigo colectivo.

El gobierno chavista acusa a la Casa Blanca de seguir aplicando su terrorismo económico, a pesar de tener la oportunidad de corregir errores e injusticias del pasado que incluso han afectado sus propios intereses. Esta decisión de Estados Unidos se produce en el mismo día en que las autoridades electorales venezolanas anunciaron la fecha de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 28 de julio. Sin embargo, esta noticia no fue acompañada del fin de las inhabilitaciones de políticos opositores venezolanos, como María Corina Machado, ganadora de las primarias antichavistas en octubre.

El gobierno estadounidense ha advertido a Venezuela que no renovará el levantamiento parcial de algunas sanciones, que vence el próximo mes, si no se cumplen los acuerdos para celebrar elecciones libres y transparentes. La declaración de emergencia nacional es una herramienta que permite al presidente de Estados Unidos aplicar sanciones contra un país en determinadas circunstancias, y le otorga poderes más allá de lo aprobado por el Congreso.