Juez no ordenará a autoridades de inmigración cambiar política de arrestos en escuelas

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos no necesitan volver a una política de la era Biden que limitaba los arrestos en las escuelas, después de que funcionarios en Denver impugnaran las nuevas políticas del gobierno del presidente Donald Trump, dictaminó un juez federal el viernes.

El juez federal de distrito Daniel Domenico dijo que las escuelas públicas de Denver no lograron demostrar que una disminución en la asistencia se debiera a la nueva política del gobierno de Trump. No estaba claro en qué medida el temor a posibles medidas coercitivas en las escuelas se debía realmente a las nuevas normas y no a una preocupación más general por el aumento de las medidas contra la inmigración.

La nueva política aún no ha sido implementada, según un grupo que representa a grandes distritos escolares urbanos en todo Estados Unidos.

Además de un descenso en la asistencia, las escuelas públicas de Denver dicen que han tenido que desviar recursos para responder al temor existente entre los estudiantes y las familias sobre el levantamiento de las normas de larga data que restringen la aplicación de las leyes de inmigración cerca de las escuelas, iglesias y otros lugares sensibles.

“Esto incluye proporcionar apoyo de salud mental a los estudiantes, desviar la atención de los administradores de lo académico a cuestiones de inmigración, y ayudar a los estudiantes que faltan a la escuela a ponerse al día”, dijeron los abogados del distrito escolar en su solicitud para bloquear la nueva política.

La decisión se produjo solo días después de que el alcalde de Denver, Mike Johnston, y los líderes demócratas de otras ciudades estuvieran en Washington para responder preguntas de miembros republicanos del Congreso sobre sus políticas de ciudades santuario, que consideran que socavan las medidas en materia de inmigración y deportación masiva del presidente Donald Trump. La demanda fue presentada por el distrito escolar, no por la ciudad.

Bajo la anterior guía de “lugares sensibles”, emitida en 2021, los oficiales generalmente debían obtener aprobación para cualquier operación en esos sitios, aunque se permitían excepciones para asuntos como la seguridad nacional. El cambio de política anunciado en enero por el líder interino del Departamento de Seguridad Nacional, que incluye al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), suprimió esas directrices y enfatizó que los agentes debían usar “sentido común” y “discreción” para llevar a cabo operaciones de control de la inmigración sin la aprobación de un supervisor.

Sin embargo, Domenico señaló que el director del ICE emitió posteriormente una directiva para sus agentes en la que se establecía que las detenciones de migrantes en lugares sensibles como las escuelas debían ser aprobadas por los supervisores. Tanto el temor a las nuevas normas como la creencia de que las antiguas protegían a las escuelas parecen “exagerados”, dijo Domenico.

Domenico, nombrado por Trump y exsecretario de Justicia de Colorado, negó una solicitud para que otorgara una orden judicial preliminar a nivel nacional que obligara a los funcionarios de inmigración a utilizar la guía anterior sobre escuelas emitida en 2021.

Por su parte, las escuelas públicas de Denver emitieron un comunicado en el que expresaron su decepción por su fallo, al tiempo que afirmaron que su demanda tuvo éxito al hacer públicos los detalles de las normas del gobierno de Trump.

Los arrestos en las escuelas han sido raros. Según datos de ICE citados por los abogados de las escuelas de Denver, solo se realizaron dos arrestos por razones de inmigración en escuelas entre 2018 y 2020, junto con 18 arrestos cerca de escuelas.

No ha habido arrestos en escuelas bajo la nueva política hasta la semana pasada, según un documento presentado por el Council of the Great City Schools (Consejo de las grandes escuelas urbanas) en apoyo a la demanda de Denver la semana pasada.

El mes pasado, un juez federal en Maryland bloqueó a los agentes de inmigración de llevar a cabo operativos en lugares de culto para cuáqueros y un puñado de otros grupos religiosos después de que presentaron una demanda impugnando la directiva. La orden no se aplica a ningún grupo religioso más allá de aquellos que presentaron la demanda.

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