La Corte Suprema argentina confirma juicio contra Cristina Fernández por presunto lavado de dinero

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sufrió el lunes un nuevo revés en la justicia con la decisión de la Corte Suprema de que enfrente juicio oral en un caso por lavado de dinero y asociación ilícita.

El máximo tribunal de Argentina rechazó los recursos presentados por la defensa de la expresidenta y confirmó la decisión de una instancia judicial anterior, que ya había determinado que Fernández de Kirchner sea enjuiciada por una causa que investiga los negocios de empresas de la familia Kirchner con el Estado.

En ese expediente judicial, también están procesados por delitos similares su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y otra veintena de personas, entre ellos, varios empresarios.

Con la decisión unánime de los cuatro integrantes del Supremo, la expresidenta será juzgada por el presunto delito de lavado de activos consumado a través de empresas familiares pertenecientes a la familia Kirchner a cambio de contratos relacionados con el Estado.

Según la acusación, los hechos habrían ocurrido durante los gobiernos de Fernández de Kirchner (2007-2015) y de su esposo, el fallecido exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).

Se trata del segundo revés judicial en tan solo dos semanas para la exmandataria, quien enfrenta otras investigaciones judiciales y ya fue condenada en 2022 a seis años de cárcel por administración fraudulenta durante su mandato, una sentencia que ha apelado y todavía espera la resolución de la Corte Suprema.

A inicios del mes, el máximo tribunal argentino igualmente determinó que Fernández de Kirchner deberá afrontar un juicio oral por la firma de un acuerdo de cooperación judicial con Irán en 2013, impulsado supuestamente para esclarecer el atentado contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994 pero que, según la justicia argentina, en realidad apuntaba a liberar de culpas a Teherán.

Al igual que en el caso conocido como Pacto con Irán, los magistrados dictaminaron el lunes que la expresidenta no está ante una “sentencia definitiva”, por lo que rechazaron el recurso extraordinario presentado por su defensa para evitar un nuevo juicio.

“La defensa no ha logrado demostrar un agravio actual, concreto y real, diferente al mero hecho que implica el sometimiento al proceso penal de los aquí recurrentes, razón por la cual la sentencia apelada no constituye una sentencia definitiva ni es equiparable a tal”, indica la decisión publicada por el tribunal.

La denuncia contra la exmandataria, dos de su hijos y varios empresarios fue elevada a juicio oral en 2018, pero en 2021 un tribunal sobreseyó a todos los acusados. No obstante, a finales del año pasado la decisión volvió a ser revocada por la Cámara de Casación, que ordenó llevar adelante el juicio con la excepción de Florencia Kirchner, hija de la dirigente peronista y sobre quien se confirmó el sobreseimiento.

La investigación a Fernández de Kirchner se originó durante el gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), cuando el fiscal Guillermo Marijuán imputó a la entonces exmandataria a partir de la declaración como arrepentido de un financista que la involucró en supuestas maniobras de lavado de dinero.

El mismo fiscal indicó posteriormente que no había conseguido pruebas que sustentaran la acusación y que los centenares de contactos entre Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, un empresario allegado a la exmandataria que fue condenado a 10 años de prisión por lavado de activos, no eran suficientes para determinar que la exvicepresidenta hubiera estado involucrada en una operación de blanqueo de capitales encabezada por el empresario.

A los 71 años, Fernández de Kirchner acaba de asumir la presidencia del peronista Partido Justicialista, la principal fuerza opositora al gobierno del utraderechista Javier Milei, y se prevé que aspire a un escaño en el Congreso en las elecciones de 2025, cuando se elegirán senadores y diputados nacionales. Sin embargo, si la condena por administración fraudulenta es ratificada por la Corte Suprema, quedará inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

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