La nueva Ley de Salud Pública de Cuba no incluirá la práctica de la eutanasia, aunque reconocerá el derecho a una “muerte digna”, informaron este fin de semana las autoridades durante la presentación del anteproyecto de la norma en el Centro de Convenciones Cojímar, en La Habana.
Según Dagmara Cejas Bernet, directora jurídica del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), “el anteproyecto de ley se enfoca en la organización de la atención a los cuidados al final de la vida, mientras que las técnicas que finalizan la vida, como la eutanasia, se abordarán en un momento posterior, en una ley posterior, cuando las condiciones estén creadas para ello”.
En diciembre de 2022, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, había presentado ante el Parlamento una versión del anteproyecto que incluía el reconocimiento del derecho a la eutanasia. «Esto es muy revolucionario y no debemos privar a nuestro pueblo de ese derecho», sostuvo el funcionario en ese momento, aunque no ofreció detalles sobre las condiciones en la que este se implementaría.
Aunque la eutanasia quedó fuera del anteproyecto, las autoridades precisaron que el documento sí reconoce el derecho a una muerte digna.
“Este es un derecho inalienable que se basa en el valor supremo de la dignidad humana, reconocido en el artículo 40 de la Constitución”, insistió la jurista, y aclaró que en la normativa “se abordan las diferentes situaciones de salud y se establecen las respuestas que el sistema debe brindar en cada caso, evitando, por ejemplo, el ensañamiento terapéutico”.
Según explicó, el MINSAP será el encargado de “asesorar sobre cuándo sería el momento óptimo y adecuado para abordar las técnicas que finalizan la vida” y aclaró que las pautas para ello “se establecerán posteriormente, considerando regulaciones jurídicas, sanitarias y éticas, así como un contexto sanitario, personal de salud capacitado y protocolos establecidos”.
“Se reconocerán los postulados que fundamentarían la evaluación de una solicitud de este tipo, ya que no será suficiente con la solicitud de la persona, sino que se requerirá un mecanismo para asegurar que esta tenga los fundamentos necesarios para acceder a esta situación”, dijeron.
El tema ha estado en el centro del debate desde su anuncio a finales del año pasado. Para muchos especialistas este es un asunto muy complejo en el contexto cubano, donde existe una dictadura desde hace más de 60 años.
“La ciudadanía, únicamente, ha recibido informes escuetos de parte del poder sobre cómo y en qué condiciones se piensa implementar un mecanismo que requiere recursos —escasos en la realidad cubana actual— y exige la preparación de personal calificado para decidir en torno a las solicitudes y para implementar las directivas… La falta de información es un caldo de cultivo excelente para las libres interpretaciones. Es responsabilidad del Estado informar al respecto”, cuestionó el abogado Eloy Viera en un artículo publicado en el medio independiente elToque.
“No es irrazonable suponer que (Cejas Bernet) se refiere a la inclusión en la nueva ley de procedimientos y métodos destinados a poner fin directamente a la vida del paciente y no solo a evitar u omitir tratamientos en caso de que la muerte ocurra de forma natural… Las conversaciones en torno a la eutanasia y el derecho a una muerte digna —sobre todo en este momento— se verán empañadas, porque muchos cubanos consideran que antes de hablar de la capacidad de morir dignamente se debería pensar en cómo sobrevivir con menos indignidad en Cuba”, apuntó.
Hasta el momento, la eutanasia solo está legalizada en siete países del mundo: Canadá, Colombia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Nueva Zelanda y España. Hay, además, otras naciones donde existen regulaciones que permiten otras formas de «muerte compasiva», como el suicidio asistido. En este caso se encuentran Alemania, Suiza, el estado australiano de Victoria y algunos estados estadounidenses como California, Colorado, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Oregón, Vermont, Washington y en el Distrito de Columbia.
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