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El gobierno colombiano y la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC pactaron el lunes un cese del fuego bilateral por los próximos tres meses e instalaron formalmente una mesa de diálogo, luego de superar momentos de tensión entre las partes.
Un decreto firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó la suspensión de operaciones militares ofensivas en contra de la disidencia autodenominada Estado Mayor Central (EMC) a partir del 17 de octubre y hasta el 15 de enero de 2024, con posibilidad de ser prorrogado.
La suspensión de hostilidades incluye “respetar la vida en todas sus formas”, los derechos y libertades de la población civil, incluidos los firmantes de los acuerdos de paz anteriores, así como crear condiciones para el libre desarrollo de las elecciones locales de alcaldes y gobernadores a celebrarse el 29 de octubre.
“Es preferible iniciar el camino sin ruido de las armas, prohibiendo agredir y matar, que recorrer un camino de muerte”, dijo Camilo González, el jefe negociador del gobierno, durante el evento en Tibú, fronterizo con Venezuela. Y agregó: “Vale la pena intentar conversar en medio de un cese al fuego con rigurosos compromisos de respeto a la población civil”.
El cese al fuego será nacional y contará con un mecanismo de monitoreo y verificación a crearse con delegados de las fuerzas militares, el gobierno, la disidencia y la Iglesia. También podría participar la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, si el Consejo de Seguridad así lo aprueba, y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA), si así lo deciden.
