las “pésimas” condiciones de los presos políticos en Venezuela

Los activistas, manifestantes y dirigentes de la oposición venezolana detenidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales viven en condiciones de malnutrición, tratos crueles, hacinamiento y falta de salubridad, según testimonios transmitidos a sus familiares y las denuncias de asociaciones civiles.

Son cientos los detenidos a quienes incluso les falta el aire para respirar en entornos “pésimos” de encarcelamiento en prisiones venezolanas como Tocuyito, Tocorón, El Rodeo y Yare, según los denunciantes, que también reportaron condiciones similares en sedes policiales y centros de reclusión de los servicios de inteligencia como El Helicoide.

Las madres y familiares de los encarcelados – considerados presos políticos por la oposición y por gobiernos críticos de Maduro, como el de Estados Unidos – reportan “condiciones graves de higiene y salubridad” en Tocuyito, una cárcel clausurada hace años, pero rehabilitada por el gobierno venezolano para recluir a los detenidos en la crisis postelectoral.

“Denuncian hacinamiento, mala nutrición, mala ventilación y el limitado acceso a atención médica. Dicen que falta el agua y llega en mal estado”, publicó el sábado el Comité para la Liberación de Presos Políticos, que aboga por sus excarcelaciones y el respeto a los derechos humanos, incluyendo sus libertades políticas, en Venezuela.

De acuerdo con sus informes, han ocurrido “brotes” de enfermedades como hepatitis, tuberculosis e infecciones en la piel, sin que reciban “atención médica adecuada” ni medicación para estas patologías. Hay detenidos con VIH, precisaron.

La oposición venezolana acusa al gobierno de Maduro de cometer presuntos delitos de lesa humanidad para mantenerse en el poder tras las controvertidas elecciones presidenciales del pasado julio, en las que tanto el gobierno como la oposición se adjudican la victoria.

Esas denuncias incluyen las muertes en el último mes de tres detenidos tras las votaciones, en coyunturas que reflejan las condiciones de sus presidios, siempre según el testimonios de sus familiares y ONG defensoras de derechos humanos.

Por su parte, Maduro ha catalogado a los detenidos postelectorales de “criminales fascistas” y asegura que las protestas en contra de los resultados que lo dan como ganador fueron financiadas por la oposición para crear caos en el país.

“No son presos políticos, son gente que quemó, atacó, amenazó, agredió, destruyeron y mataron”, dijo Maduro al canal estatal VTV, tras señalar que “triunfó la paz” en el país.

En noviembre, Jesús Martínez Medina, músico y activista de Vente Venezuela, murió durante una operación para amputarles ambas piernas, ya necrosadas, por falta de atención médica a tiempo. En diciembre, fallecieron Jesús Rafael Álvarez, dentro de Tocuyito, entre reportes de que estaba “extremadamente delgado”, y Osgual González, que tenía síntomas de depresión y una hepatitis tratada tardía y erróneamente.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han referido públicamente a las muertes de los opositores encarcelados.

“Los familiares siguen reportando casos de detenidos con hepatitis”, reprochó este fin de semana el Comité para la Liberación de Presos Políticos, urgiendo al Estado venezolano que atienda las condiciones de reclusión de esos arrestados.

Condiciones «inaceptables»

Ligia Bolívar, especialista en derechos humanos durante más de 40 años e investigadora del Comité de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, destaca que el Estado es responsable de la integridad física y custodia de los detenidos.

Bolívar resalta que los fallecimientos de Martínez Medina, Álvarez y González reflejan que las condiciones de detención de los presos políticos son “inaceptables”.

“Son personas presas desde (las elecciones de) julio, no tienen una larga permanencia en un recinto penitenciario. Es un deterioro muy violento, en muy pocos meses, producto de unas condiciones carcelarias inaceptables y que están comenzando a cobrar víctimas”, advierte en conversación con la Voz de América.

En “un país democrático”, asegura Bolívar, se habría abierto una investigación en el Ministerio Público que indagar sobre esas condiciones de presidio, la falta de atención médica oportuna, la responsabilidad del Estado en esas muertes e incluso “la crueldad acumulada” en casos como el de Martínez Medina, cuyos familiares denunciaron impedimentos para retirar su cadáver.

Excarcelaciones en Navidad

La semana pasada, también hubo reportes de requisas violentas contra presos políticos en cárceles como Ramo Verde, además de golpizas y tratos crueles en Tocorón. Sus condiciones de reclusión son “inhumanas”, insisten los defensores de DDHH.

Además, sus familiares están siendo amenazados para que no denuncien esas situaciones ante la prensa ni ante organismos internacionales de derechos humanos, según el Comité para la Liberación de Presos Políticos. También les suspendieron las visitas.

El fiscal general Tarek William Saab, quien fue gobernador y diputado del chavismo, anunció que su despacho ha procesado más de 700 excarcelaciones de los detenidos durante la crisis postelectoral “en defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos”.

Organizaciones promotoras de los derechos humanos, como Provea, piden “una Navidad sin presos políticos” en el marco del aumento de las denuncias sobre graves violaciones a los derechos de los detenidos por razones políticas en Venezuela.

Este mes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, pidió a las autoridades venezolanas ofrecer garantías de un juicio justo a las personas detenidas y velar por mejores condiciones de sus reclusiones.

“Las autoridades deben proporcionar alimentos adecuados, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están recluidos en celdas superpobladas y necesitan urgentemente atención médica”, dijo durante una actualización verbal de su informe sobre los derechos humanos en Venezuela.

Venezuela está en las vísperas de la juramentación de Maduro para un tercer período presidencial, el 10 de enero del próximo año, mientras la oposición asegura que su excandidato Edmundo González, asilado en España, volverá al país para hacer lo propio.

Este mes, los partidos y dirigentes opuestos al oficialismo han denunciado la intensificación de la represión y persecución por razones políticas de parte del gobierno madurista, que incluye la detención de dirigentes y activistas en varias regiones del país.

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