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Una iniciativa bipartidista presentada este jueves por legisladores estadounidenses propone aumentar la recompensa por la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro Moros a $100 millones de dólares.
La retribución sería pagada por el gobierno federal utilizando los activos incautados a Maduro y a sus funcionarios y cómplices, con un valor que ronda los $450 millones de dólares, por lo que no sería necesario utilizar fondos de los contribuyentes estadounidenses.
Actualmente, Estados Unidos está ofreciendo $15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena del dictador venezolano y pide a quien tenga información y se encuentre fuera de los Estados Unidos, que se comunique con la Embajada o el Consulado de los Estados Unidos más cercano. En caso de estar en los Estados Unidos, debe contactar a la oficina local de la Administración de Control de Drogas (DEA) en su ciudad. La recompensa no será entregada a funcionarios ni empleados del gobierno.
La propuesta para subir a 100 millones de dólares la retribución es parte de la Ley para Asegurar Oportunidades de Pago y Maximizar Recompensas por la Detención de Funcionarios de Regímenes Ilegítimos, denominada como «Ley STOP MADURO».
El proyecto fue presentado por los legisladores Mario Díaz-Balart (R) y Debbie Wasserman Schultz (D, copresidentes del Comité Parlamentario a favor de la Democracia en Venezuela, junto con los Representantes Chris Smith (R), Carlos A. Giménez (R), Jenniffer González-Colón (Puerto Rico), María Elvira Salazar (R), Mike Waltz (R), y Darren Soto (D).
La iniciativa también ha sido elevada al Senado por los legisladores republicanos Rick Scott y Marco Rubio.
«El régimen de Maduro es un grupo criminal que alimenta el narco-terrorismo, suprime los medios de comunicación independientes y viola los derechos humanos con impunidad. El año pasado advertí que el apaciguamiento de esta dictadura por parte de la Administración Biden-Harris solo envalentonaría a Maduro y el levantamiento de sanciones ha puesto en peligro nuestra seguridad nacional, ayudando a un régimen estrechamente aliado con peligrosos adversarios como Rusia, Irán, Cuba y la República Popular China. En lugar de aliviar las sanciones, la Administración Biden-Harris debería solidarizarse con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad aumentando la presión y fortaleciendo sanciones», afirmó el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart.
Para su colega demócrata Wasserman Schultz, “aumentar la recompensa que conduzca a la condena de Maduro reforzará las acciones ya decisivas adoptadas por la Administración Biden-Harris para apuntar a la organización criminal detrás del robo electoral de Venezuela y la represión violenta de su pueblo”.
A su juicio, la actual Administración Biden-Harris «dirigió hábilmente una rápida presión internacional contra el régimen de Maduro, amplió las sanciones existentes y reunió apoyo mundial en torno a esta realidad: Edmundo González ganó de manera aplastante y el pueblo venezolano merece que se cuenten sus votos y se respeten sus derechos humanos».
«Como lo expresó enfáticamente la vicepresidenta Harris en una carta reciente, Estados Unidos ‘permanecerá firme junto al pueblo venezolano en su lucha por la libertad’. Esta recompensa engrandecida por el arresto de Maduro amplificaría esos esfuerzos”, consideró la representante floridana.
Por su parte el senador cubanoamericano Marco Rubio dijo que Estados Unidos debe «hacer más para detener al narcodictador Nicolás Maduro».
«He pedido a Interpol que emita una alerta roja para facilitar esto, y esta legislación se basa en ese pedido al aumentar la recompensa por su arresto a $100 millones. Maduro es uno de los conspiradores más corruptos del régimen venezolano y ya es hora de que rinda cuentas por sus crímenes”, dijo el republicano.
| Qué dice la ficha de captura de Maduro de marzo de 2020 |
| Maduro ayudó a gestionar y, en última instancia, a dirigir el Cártel de los Soles, una organización venezolana de narcotráfico integrada por funcionarios venezolanos de alto rango, a medida que ganaba poder en Venezuela en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización terrorista extranjera designada. Maduro negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó al Cártel de los Soles que proporcionara armas de grado militar a las FARC; durante su mandato como Ministro de Relaciones Exteriores coordinó los asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de la dirigencia de las FARC para entrenar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de los Soles.
Maduro fue acusado en marzo de 2020 en una acusación federal del Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. |
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