La activista tunera Ana Ibis Tristá Padilla, acusada por incitar marchas y organizar la colocación de carteles antigubernamentales y el lanzamiento de cocteles molotov, se encuentra a la espera de su sentencia firme, 72 días después de celebrado el juicio.
“Aunque estoy firme, mentalmente sí me ha chocado bastante este proceso porque no he hecho nada punible. Lo que hice fue ejercer mi libertad de expresión, que lo voy a hacer hoy, mañana y siempre porque es en lo que creo, lo que pienso y por lo que he luchado hasta el momento. Nada me va a amedrentar. Nada me va a hacer caer. Voy a seguir con mi frente en alto”, aseguró la activista a Martí Noticias.
El Tribunal Provincial de Las Tunas encontró culpable a Tristá Padilla de los delitos de “Propaganda contra el orden constitucional y Otros actos contra la Seguridad del Estado”, pese a la falta de pruebas por parte de la fiscalía.
“No tienen pruebas porque en el juicio se desmantelaron todas. Incluso a mí ni registro se me hizo. Me ocuparon el teléfono y me lo tuvieron que devolver a los tres meses porque no se me pudo encontrar nada. Las únicas dos personas en contra de mí que estaban en el juicio eran un agente de la Seguridad de Estado y un agente de la Contrainteligencia”, consideró la opositora.
En la misma causa fueron juzgados Félix Daniel Pérez Ruiz, Christian de Jesús Peña Aguilera, y Jarol Varona Agüero, todos inculpados por los mismos delitos.
Tristá Padilla, de 34 años, con una petición de la Fiscalía de doce de prisión, está sujeta a severas restricciones durante el tiempo que no ha sido puesta tras las rejas:
“No puedo salir de Las Tunas, mi municipio cabecera, no puedo salir a lugares céntricos, no puedo salir después de las 6 de la tarde, no puedo estar donde haya aglomeración de personas. Eso me lo dijeron en cuanto salí del juicio. Además, tengo que ir todos los viernes al Sector de la PNR y el jefe de Sector, todos los días, está al tanto de mí”.
“Respecto a mi condena, no creo que la bajen porque ellos (la Seguridad del Estado y la policía) lo que quieren es quitarme a mí del camino, como mismo quitaron a mi esposo, Damián Hechavarría”.
Hechavarría, trabajador por cuenta propia, fue condenado a siete años de privación de libertad en marzo de 2022, junto a los activistas Taimir García Meriño y Adrián Góngora. Los tres protagonizaron el 21 de abril de 2021 una protesta en Las Tunas contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por la imposición de agobiantes multas a los ciudadanos.
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