Los patrones represivos en Venezuela en el 2024

Las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela se incrementaron poco después de arrancar el 2024, cuando inició una ola de arrestos de activistas sociales, periodistas y dirigentes políticos de oposición, que, en muchos casos, se mantuvieron en situación de desaparición forzada, propiciando un clima de miedo generalizado que no cesó en todo el año.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las prácticas que catalogó como “terrorismo de Estado”, críticas que Caracas rechaza, al denunciar a su vez una «campaña mediática» para desacreditar la gestión del presidente Nicolás Maduro.

Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, subrayó que el año estuvo marcado por la agudización de la política de represión implementada en los últimos 10 años.

“Lamentablemente lo que vimos fue una profundización de patrones represivos, tuvimos inhabilitaciones políticas que son parte de las formas de cercenar la participación que es un derecho humano. También vimos la persecución en forma de detenciones arbitrarias”, dijo a la Voz de América.

La denominada “furia bolivariana”, un plan cívico-militar policial del gobierno orientado a enfrentar “cualquier intentona terrorista”, considerado como parte de una estrategia de persecución por parte de la disidencia, resurgió conforme avanzaba la carrera rumbo a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación a la líder, María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora de octubre de 2023, impidiendo así su participación en los comicios, y desatando una cadena de violaciones a los derechos fundamentales.

Desde entonces, la oposición sorteó una carrera de obstáculos hasta que logró designar al embajador retirado, Edmundo González Urrutia, como su abanderado para las presidenciales.

Denuncias de fraude y represión postelectoral

Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria a su candidato González Urrutia, actualmente en un exilio “forzado” en España.

Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2.400 detenidas.

Tres de las personas arrestadas en el contexto de las protestas contra los resultados de los comicios murieron en prisión bajo custodia del Estado venezolano. Sus familiares denunciaron ausencia de atención médica oportuna y hasta el momento de esta publicación las autoridades no se habían referido públicamente a los casos.

El gobierno inició una serie de excarcelaciones tras una revisión, hasta el 23 de diciembre, de al menos 910 casos, entre ellos los de decenas de menores de edad. Pero, en paralelo, ha detenido de forma «arbitraria» a distintos activistas políticos de oposición.

El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) advirtió que las violaciones a los derechos humanos en el país se han agravado tras los comicios y expuso especial preocupación ante el arresto de menores de edad, “un fenómeno nunca antes registrado” con tal alcance.

Si bien el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, negó que hubiera niños presos, sí reconoció el arresto de adolescentes. Al respecto, Ballesta sostiene que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a todas las personas menores de 18 años.

“Es distinción que existe en la legislación venezolana, de cuando una persona es adolescente o cuando es niño, no existe en el derecho internacional, por lo tanto, todas las personas menores de 18 años deben ser protegidas”, insistió.

El Alto Comisionado para DDHH de la ONU, Volker Türk, expresó preocupación por el uso “desproporcionado” de la fuerza y la violencia durante las protestas contra los resultados de las elecciones e instó a las autoridades liberar a todas aquellas arrestadas arbitrariamente antes y después de los comicios.

En su informe de 2024, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que avanza en su investigación al Estado venezolano por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad, y que en abril instaló una oficina en Caracas, reportó haber recibido varias comunicaciones sobre posibles crímenes enmarcados en el Estatuto de Roma, tras las elecciones.

“La oficina determinó que dichas comunicaciones podrían estar comprendidas en el ámbito de su investigación en curso y, por lo tanto, las está considerando en este contexto”, precisa el texto.

Cierre del espacio cívico

Se sumaron a la falta de derechos económicos y sociales que persisten desde al menos 2015, la aprobación, en 2024, por parte del Parlamento de mayoría oficialista de leyes consideradas “restrictivas” y “antisociedad”.

Türk insistió a mediados de diciembre que el espacio cívico en Venezuela se encuentra “restringido”, y afirmó que legislaciones como la Ley Simón Bolívar o una que regula las actividades de ONG, amenazan con “infringir gravemente” el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política.

El gobierno ha afirmado, sin embargo, que se trata de leyes que refuerzan el resguardo de la soberanía y el deber de los venezolanos de defender su patria.

Muro de contención

Si bien han surgido pronunciamientos respecto a la situación de derechos fundamentales en Venezuela desde los más altos mecanismos de protección internacional, activistas denuncian que las violaciones no cesan y que se han recrudecido.

“A todos los presos se les viene aplicando una política carcelaria que uno podría decir que en Venezuela hay una violación masiva de derechos humanos a las personas detenidas con tratos crueles e inhumanos, algunos han sido torturados”, afirmó el defensor de DDHH, Marino Alvarado.

Aunque víctimas pudieran considerar que sus acciones son infructuosas, Ballesta explica que las instancias internacionales permiten frenar que ocurran “peores cosas” en Venezuela.

“Si no tuviésemos estos organismos, ¿a qué podrían llegar las autoridades en Venezuela?”, se pregunta.

Ballesta insistió en que mecanismos como la FFM tienen el mandato de establecer responsabilidades de personas que eventualmente deben ser investigadas por tribunales penales.

“Es un mensaje contundente para los perpetradores y para aquellas personas que tienen el poder de decidir no cometer más delitos de lesa humanidad que no prescriben”, subrayó.