Maltrato, acoso y negación de «beneficios», denuncian familiares de presos políticos del 11J


Continúa el acoso de las autoridades penitenciarias por órdenes de la Seguridad del Estado contra los presos políticos condenados por su participación en las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba, informaron a Martí Noticias familiares y activistas de derechos humanos.

En la prisión de Kilo 9, en la ciudad de Camagüey, le acaban de negar el beneficio de mínima severidad al prisionero Ángel Jesús Véliz Marcano, de 29 años quien está cumpliendo seis años de condena por los presuntos delitos de Atentado y Desórdenes públicos. A esto se suman las condiciones de peligrosidad que enfrenta el joven en el destacamento 13 de dicho centro penitenciario.

A Véliz Marcano, en octubre de 2021 le fue revocado este beneficio por 12 meses, por una supuesta indisciplina, ahora cuando ya ha cumplido este castigo, las autoridades de Cárceles y Prisiones de la provincia, lo mantienen en prisión cerrada, denunció su madre Ailex Marcano.

“Ya ahora, al cumplirse el año, la comisión disciplinaria le niega la posibilidad de volver a mínima. En el mes de febrero a mi hijo lo trasladaron para el penal de Kilo 9, donde se encuentra ahora en estos momentos, con reos de diferentes causas, con peligrosidad y esto está incidiendo negativamente en la salud mental de mi hijo”, advirtió Marcano, quien ya presentó una queja ante el jefe de órgano de Establecimientos Penitenciarios de Camagüey.

En la prisión del Kilómetro 5 1/2 de la carretera de Luis Lazo, en la ciudad de Pinar del Río, lleva un año Jarolkis Suárez Rojas, de 35 años, quien recibió una condena de 12 años de prisión por el supuesto delito de sedición tras su participación en la manifestación popular en la barriada habanera de La Güinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, el 12 de julio.

El preso político se encuentra en precarias condiciones lejos de su provincia, algo que dificulta las visitas familiares, que son muy irregulares, explicó su esposa, Lisandra Hernández, al Consejo de Relatores de Derechos Humanos.

Juan Carlos González Leyva, relator de ese centro, dijo a Martí Noticias: “Hernández dijo al Consejo de Relatores que su esposo está muy deprimido porque lleva más de un año de destierro para Pinar del Río, ha sido víctima del torturas físicas y sicológicas, y que se encuentra en una galera de la prisión entre criminales, donde su vida corre peligro y donde carece de alimentación, y de otros derechos carcelarios, como las comunicaciones telefónicas y las visitas familiares”.

El 24 de junio de 2022, Suárez Rojas formó parte de un grupo de presos políticos, en su mayoría condenados del 11J de La Güinera, que salieron al patio del penal de máxima seguridad Combinado del Este, vistiendo camisetas pintadas con consignas de “Patria y Vida”, y “Libertad”.

Luego de esta protesta, el padre de tres niños fue trasladado para Pinar del Río.

Sus familiares han denunciado en varias oportunidades los abusos en su contra por parte de las autoridades en la prisión, ante la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, situada en 15 y J, en el municipio Plaza, sin tener respuesta.

También el abogado González Leyva alertó acerca del maltrato físico sufrido el pasado jueves en la prisión Alambradas de Manacas, en la provincia de Villa Clara, por el preso político del 11 de julio y periodista independiente Carlos Michael Morales, de 47 años, condenado a dos años y 10 meses por el delito de desórdenes públicos tras su participación en la manifestación del poblado de Caibarién.

“El segundo jefe de orden interior de esa prisión, amenazó al manifestante del 11 de julio y prisionero político si continúa con su postura en contra de la revolución. Carlos Michael dijo que este jueves, en horas de la mañana, su galera fue requisada, fue sacado de la galera y tirado contra una pared, donde recibió varios empujones. Esta no es la primera ocasión en que es amenazado o torturado por este oficial, recientemente fue esposado a las rejas durante 12 horas en un solitario pasillo de esa cárcel, donde permaneció todo el tiempo sin ingerir alimentos”, denunció el miembro del Consejo de Relatores de Cuba.

En dicho penal, los reclusos Leonel Tristá, Liván Hernández y Maikel Armenteros, condenados por participar en las protestas populares en la provincia, han denunciado los maltratos e irregularidades cometidas por la guarnición en castigo por sus posturas políticas.

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró en septiembre 128 hechos relacionados con violaciones a personas privadas de libertad. La mayor parte de las denuncias estuvieron vinculadas a incidentes de hostigamiento y represión.

Las violaciones fueron cometidas fundamentalmente por funcionarios del sistema penitenciario, oficiales de la Seguridad del Estado que actúan dentro de las prisiones, el sistema judicial y reclusos que trabajan coludidos con las autoridades de los penales, indicó la entidad.


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