Más de 1.700 personas desalojadas de la mina ilegal Bulla Loca

Más de 1.700 individuos han sido evacuados de la mina ilegal conocida como ‘Bulla Loca’ en el estado de Bolívar, luego de su colapso en febrero pasado, que resultó en la trágica muerte de 16 personas y dejó a otras 36 heridas. Esta información fue dada a conocer por el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez.

A través de su cuenta de Twitter, Hernández Lárez informó que más de 1.728 ciudadanos han sido desalojados de la mina Bulla Loca, ubicada en la reserva forestal La Paragua, debido a la violación del ordenamiento jurídico territorial y por infringir la Ley Penal del Ambiente en un área protegida de conservación.

El jefe militar instó a aquellos que se dedican a la minería ilegal en cualquier parte del país a abandonar sus actividades destructivas y a enfocarse en prácticas agrícolas tradicionales que no afecten los recursos naturales.

Según la Fuerza Armada, se han desplegado diversos efectivos en los estados de Bolívar y Amazonas, este último situado en la frontera con Brasil, con el objetivo de combatir la minería ilegal.

Recientemente, el presidente Nicolás Maduro denunció una serie de irregularidades graves en la zona de La Paragua, que está cerca de la mina colapsada. Entre estas irregularidades se encuentran acciones corruptas por parte de algunos funcionarios, las cuales están siendo investigadas.

En 2023, el Gobierno venezolano implementó un plan de desalojo en la Amazonía, que resultó en la expulsión de más de 10.000 mineros ilegales, según los informes oficiales. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre el destino de estas personas ni si enfrentaron algún proceso legal tras su evacuación.

La ONG SOS Orinoco, que previamente había denunciado el aumento y desplazamiento de la minería ilegal hacia otras áreas de la Amazonía, critica los operativos de la FANB contra esta actividad ilegal, calificándolos como un «espectáculo mediático».

Además, esta organización no gubernamental ha denunciado que la FANB «permitió» la construcción de una carretera ilegal que conecta un pueblo en el norte de Brasil con una zona minera en el sur de Venezuela.