Más de 30 países condenan violaciones de derechos humanos en Venezuela y llaman a una transición

Representantes de 31 países reunidos en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU condenaron en una declaración conjunta las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

«Llamamos a la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar pacíficamente sus opiniones políticas, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias. Hacemos un llamado a que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el hostigamiento contra la oposición y la sociedad civil», dijeron en el documento los gobiernos de Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, la República Dominicana, Estonia, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, el Reino Unido y Estados Unidos, y la Unión Europea.

En la declaración manifestaron preocupación «por la represión generalizada y continuada, así como por los abusos y violaciones de derechos humanos denunciados tras las elecciones» del 28 de julio.

«Estos abusos incluyen arrestos y detenciones arbitrarios (incluso de niños), muertes, denegación de garantías de juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil. En el contexto de la violenta represión contra miembros de la oposición, una orden de arresto motivada políticamente emitida el 3 de septiembre contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, que según los registros electorales públicamente disponibles recibió la mayor cantidad de votos en las elecciones del 28 de julio, hizo que se viera obligado a abandonar el país», recuerda el texto.

Estos 31 países solicitaron el regreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y que se produzcan las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente su mandato.

Al mismo tiempo, hicieron un llamamiento a Venezuela a que respete y cumpla sus compromisos en virtud del Derecho Internacional, en particular como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, proporcionando un salvoconducto a los seis solicitantes de asilo que residen actualmente en la residencia oficial de la República Argentina y permitiéndoles abandonar el territorio venezolano.

«Ha llegado el momento de que los líderes políticos venezolanos inicien conversaciones constructivas e inclusivas sobre una transición con garantías para ambas partes a fin de resolver el estancamiento político del país y restaurar las instituciones democráticas pacíficamente de conformidad con la legislación venezolana, así como con la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el 28 de julio», afirmaron en la declaración.