«Me quieren sancionar por otros delitos contra la Seguridad del Estado»

El activista Alejandro Garlobo, detenido el 2 de marzo de 2023, fue puesto en libertad bajo fianza el pasado jueves.

“Salí bajo una fianza a espera de juicio. Están tratado de buscar alguna prueba para poder enjuiciarme”, dijo Garlobo a Martí Noticias.

“Conmigo se habló de que modificaron la causa. Me quieren sancionar por “otros delitos contra la Seguridad del Estado”, afirmó.

Bajo esta denominación figuran, en el nuevo Código Penal, los delitos de rebelión, sedición, infracción de los deberes de resistencia, usurpación del mando político o militar, propaganda enemiga y sabotaje, para los que se contemplan sentencias que van desde los dos a treinta años de privación de libertad, hasta la pena de muerte.

Tras su arresto, Garlobo fue internado en el cuartel general de la policía política, conocido como Villa Marista, en La Habana. Allí permaneció 40 días, hasta que el 11 de abril lo trasladaron al centro penitenciario Combinado del Este, de la capital, donde estaba hasta que fue excarcelado, con el pago de una cantidad de dinero establecida por las autoridades judiciales.

Garlobo, de 35 años, todavía no tiene petición fiscal ni fecha de juicio, al igual que en otros casos similares, como el de Sulmira Martínez, Daniel Moreno y Yasmany González.

Antes de ser encarcelado, Garlobo sufrió acoso, detenciones y amenazas por parte de agentes de la Seguridad del Estado debido al apoyo que daba a familiares de presos políticos y a sus denuncias en redes sociales.

El grupo independiente Justicia 11J denunció en agosto de este año que desde que el nuevo Código Penal entró en vigor, en diciembre de 2022, hasta comienzos de junio de 2023, trece disidentes han sido privados de su libertad bajo investigaciones o medidas cautelares.

La organización advirtió que la cifra podría ser mucho mayor.