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El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó el domingo que la minera canadiense First Quantum Minerals Ltd., Minera Panamá S.A. y Franco Nevada Corporation han enviado al gobierno panameño dos notificaciones de intención de presentar demandas arbitrales.
Según el comunicado del MICI, estas demandas arbitrales serán presentadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el tratado de libre comercio entre Panamá y Canadá TLC.
“Panamá afirma que ha cumplido con todas sus obligaciones bajo el derecho internacional y el derecho panameño y que está preparado para defender los intereses de los ciudadanos nacionales”, señala el breve comunicado del MICI.
Hasta el momento, First Quantum no ha emitido comentarios sobre este tema. Mientras este anuncio llega, la Corte Suprema de Justicia de Panamá se mantiene desde hace tres días en sesión permanente para definir si la Ley 406 del contrato minero es o no constitucional.
SOT: Corte Suprema de Justicia de Panamá se mantiene en sesión permanente.
El fallo de inconstitucionalidad del contrato entre el Estado y Minera Panamá, traerá un respiro a la población y preparará mejor al país frente a los arbitrajes internacionales, dicen los analistas que han dado seguimiento a más de un mes de protestas, cierres de carreteras y paralización del país.
Existen 10 demandas de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la Ley 406, sin embargo, la Corte Suprema de Panamá sólo debatió las dos primeras en ser admitidas por razones de economía procesal y por la regla del artículo 2566 del Código Judicial.
El contrato minero fue aprobado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023, presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre, y aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial el 20 de octubre, todo el mismo día.
Un contrato que generó la peor crisis de los últimos 30 años
Panamá ha enfrentado por más de un mes una crisis, considerada la más grave desde la dictadura militar en los años 1980, de acuerdo con los analistas.
Los panameños exigen al gobierno la terminación del contrato-ley que permite a Minera Panamá extraer y vender cobre y otros minerales por 20 años, con opción a una prórroga de 20 años más.
Las protestas que iniciaron en las redes sociales, a inicios de este año, impulsadas por jóvenes y activistas contra la minería, se trasladaron a las calles de todo el país.
Según líderes civiles, este contrato otorga demasiados beneficios y facultades a Minera Panamá, que extrae el cobre en una zona de 12.955 hectáreas que están ubicadas en el Corredor Biológico Mesoamericano, área que actúa como puente natural entre América del Norte y América del Sur, y que contiene entre el 7 y 10 % de las especies conocidas en el mundo.
De acuerdo con los ambientalistas, el daño causado por la mina es incalculable. Vistas aéreas han mostrado una enorme área que en el pasado era boscosa y hoy está arrasada y excavada.
Además, los opositores al contrato rechazan que la empresa minera administre el agua para su operación, en un país que necesita el líquido para el consumo humano y para su Canal interoceánico, que ya sufre por la sequía.
Por su parte, el presidente Laurentino Cortizo defendió el proyecto minero, asegurando que creaba unos 10.000 empleos directos y aportaba al Estado un mínimo anual por la concesión de 375 millones de dólares.
Minera Panamá, por su lado, asegura que su actividad aportó el 5 % del Producto Interno Bruto de Panamá en 2021 y que la inversión en la mina supera los 10.000 millones de dólares. La empresa reportó que las exportaciones en 2022 fueron de 2.850 millones.
Aunque Cortizo, tras las presiones de la población, sancionó una ley que establece una moratoria minera, para la mayoría la verdadera salida a esta crisis es el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia.
Esta crisis ha dejado en Panamá más de 1.000 personas detenidas, cuatro fallecidos, y más de 1.700 millones de dólares en pérdidas, impactando especialmente al sector agropecuario del país.
El gobierno de Cortizo enfrenta esta crisis a solo meses de finalizar su período presidencial, ya que en mayo de 2024, este país de 4,5 millones de habitantes elegirá a sus nuevas autoridades.
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