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Dos organizaciones de periodismo de investigación han descubierto pruebas que, según dicen, validan las acusaciones de corrupción hechas por un reportero colombiano que publicó un video escalofriante prediciendo su propia muerte a manos de aquellos a quienes expuso.
“Si quieres matarme, mátame. Pero te lo diré directamente: no me silenciarás”.
Estas fueron las palabras de Rafael Moreno, durante un video de 37 minutos que fue transmitido en vivo por Facebook en julio de 2022, en el que denunció la presunta malversación de dinero público en Colombia.
Sabía que sus informes lo hacían vulnerable, y su sombría predicción resultó cierta: un hombre armado lo mató en octubre en un bar en la ciudad de Montelíbano, en el norte de Colombia, que había abierto para llegar a fin de mes. No se han hecho arrestos.
Nueve días antes de su muerte, Moreno señaló a Forbidden Stories –un colectivo periodístico que salvaguarda el trabajo de los reporteros en riesgo– que creía que las empresas constructoras estaban extrayendo ilegalmente arena y rocas del río Ure en el norte de Colombia.
Forbidden Stories y Cuestión Pública, una organización colombiana de periodismo de investigación con sede en París, publicaron un informe el miércoles que, según dicen, valida las afirmaciones de Moreno.
En respuesta a una solicitud de Libertad de Información, Custodio Acosta Urzola, alcalde de San José de Ure, un pueblo en el norte de Colombia, sostuvo que firmó contratos con varias empresas constructoras para construir y arreglar carreteras, informó Forbidden Stories.
Al menos una de esas empresas está bajo investigación por una agencia ambiental regional, la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge, o CVS. La empresa está acusada de “extracción en el lecho del río”, informó Forbidden Stories.
“Esto parece haberse llevado a cabo sin las autorizaciones y permisos requeridos, lo que es preocupante para los ecosistemas y la población local”, dijo CVS.
La evidencia de Moreno
La investigación de CVS fue impulsada por una denuncia de Moreno, quien proporcionó pruebas a CVS. Filmó camiones excavando grava del lecho del río Ure.
Acosta dijo ha señalado que su administración no estaba autorizada a emitir permisos para extraer grava, “mucho menos a hacer acuerdos con particulares en este sentido”.
Laurent Richard, fundador de Forbidden Stories, afirmó que antes de que mataran a Moreno, se comunicó con el colectivo para pedirle que continuara con su trabajo si le pasaba algo.
«Somos un consorcio internacional cuya misión es continuar el trabajo de los periodistas asesinados», sostuvo a la VOA.
“Matar al mensajero no matará el mensaje. Matar al periodista no acabará con la historia”.
Richard dijo que dependía de las autoridades decidir si actuarían, según el último informe de Forbidden Stories.
La muerte de Moreno muestra los riesgos que enfrentan los periodistas en Colombia al exponer la verdad en un país atormentado por la violencia durante décadas.
La provincia donde residía está en la ruta del narcotráfico en la nación sudamericana.
Los escándalos de corrupción y los disturbios civiles han persistido en Colombia incluso después de un acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Decenas de asesinatos
Los periodistas que intentan exponer irregularidades siguen siendo vulnerables. Desde 1977, 165 periodistas han sido asesinados (cinco el año pasado) según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá.
En noviembre del año pasado, Wilder Córdoba fue asesinado a tiros por dos hombres en motocicleta durante un viaje periodístico en la provincia de Nariño, en el sur de Colombia. Cuatro días antes había recibido una serie de amenazas, todas escritas en mayúsculas.
La policía descartó un robo, ya que no se llevaron ninguna de sus pertenencias. No se han hecho arrestos.
Córdoba era director del medio de noticias independiente en línea Unión Televisión, que dice tener alrededor de 30.000 espectadores.
Este padre de dos hijos publicaba a menudo noticias sobre presunta corrupción política local y criminalidad, y criticaba proyectos de obras públicas inacabados y el mal estado de las carreteras locales.
«Todo el mundo tiene una buena idea de quién fue el cerebro detrás del asesinato de mi hermano», dijo Harry Córdoba a la VOA, sin dar nombres.
“Wilder conocía a todo el mundo y pensaba que la gente cuidaría de él. Tristemente, éste no era el caso», agregó.
Cambio en la violencia
Daniel Chaparro, de la FLIP, dijo que los periodistas estaban siendo atacados por grupos criminales locales a veces vinculados a políticos.
“El patrón de violencia hacia los periodistas ha cambiado desde los años 1980 y 1990, cuando los cárteles de la droga con sede en Medellín o en otros lugares atacaban a los editores de los principales periódicos”, comentó a la VOA.
“Después del acuerdo de paz de 2016, se ha vuelto más regional, y los periodistas que informan sobre temas locales, que tienen poca protección, han sido blanco de violencia extrema”.
Chaparro dijo que, si bien hubo algunos procesamientos contra los asesinos de periodistas, las reacciones de las autoridades colombianas fueron inadecuadas.
“Existe prácticamente impunidad para matar a un periodista en Colombia”, afirmó.
En agosto de este año, hombres armados mataron al hijo de 22 años de un amigo de Moreno, Walter Álvarez, un colega periodista que había acompañado a Moreno en viajes para filmar camiones que excavaban río arriba. No se han hecho arrestos.
Forbidden Stories informó que Álvarez recibió más tarde un mensaje de WhatsApp que decía: “Pronto le harás compañía a Moreno… Te vamos a matar y quemar”.
‘Estarás muerto’
Yamir Pico, otro periodista que trabajó con Moreno en la investigación del río Ure, también fue amenazado por hombres armados que irrumpieron en su departamento.
«Uno me dijo: ‘No queremos matar a ningún otro periodista, pero la próxima vez que toques el asunto de San José de Ure, estarás muerto’, dijo Pico a Forbidden Stories.
Le quitaron su computadora, libretas y dos memorias USB que Moreno le había regalado antes de su muerte, dijo. Pico huyó de Colombia.
Pico ha afirmado que las empresas que extraen grava están aliadas con políticos y el Clan de Golfo, el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Dijo a Forbidden Stories que las empresas ahorran dinero en contratos públicos al obtener grava de forma gratuita, sin pagar un permiso ni comprarla a un proveedor legítimo.
“Representa una fortuna. Por eso están dispuestos a matar a cualquiera”, señaló Pico. “Por eso enviaron dos sicarios a mi casa”, dijo.
