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En las más de dos semanas de protestas en Panamá, que han dejado daños a la economía y cientos de detenidos, varios periodistas han denunciado haber sido agredidos por las fuerzas del orden.
En medio de una cobertura, el fotoperiodista Aubrey Baxter fue herido en el rostro por un perdigón disparado a menos de cinco metros por un policía que custodiaba la Asamblea Nacional, según las denuncias de testigos. A raíz del disparo, Baxter perdió uno de sus ojos.
La policía negó haber tenido participación en el hecho, aunque poco después el equipo legal de Baxter interpuso una denuncia penal. El fotoperiodista explicó que, a pesar de los riesgos, el trabajo se hace como “una lucha por una mejor calidad social en el país”.
Por su parte, el fotoperiodista Miguel Cavalli, de la Corporación La Prensa, quien ha cubierto desde el primer día las protestas, fue víctima del uso indiscriminado de gas lacrimógeno arrojado por la policía.
Un video muestra a Cavalli desplomarse mientras es rociado por el gas que agentes lanzaban durante una manifestación en el perímetro de la Asamblea Nacional.
La periodista Rekha Chandiramani, experta en periodismo de investigación y datos, aseguró a la VOA que las fuerzas públicas están haciendo uso de gas pimienta vencido, lo que podría producir serios daños a la salud de los manifestantes.
Los periodistas dicen que suelen ser confundidos con agentes de la policía por utilizar máscaras para protegerse de accidentes, del gas o de objetos contundentes que son lanzados cuando se desatan las refriegas entre policía y manifestantes.
“Nos confunden los manifestantes con los policía porque llevamos máscaras de protección. Hemos tenido bastantes problemas”, afirmó Cavalli.
La periodista de televisión Meredith Serracín, del canal local TVN, sostuvo que el trabajo de la prensa “es un trabajo en equipo, es un trabajo mancomunado para poder protegernos también en este tipo de coberturas”.
Panamá está en su segunda semana de protestas, consideradas por analistas las más grandes desde la dictadura militar en los años 80. Los panameños exigen al gobierno la derogación de un contrato-ley que permite a la minera canadiense First Quantum Minerals extraer y vender cobre y otros minerales por 20 años, con opción a una prórroga de 20 años más.
Los panameños consideran que este contrato otorga demasiados beneficios y facultades a Minera Panamá, filial de First Quantum, y que extrae el cobre en una zona de 12.955 hectáreas en el área de Donoso, provincia de Colón.
Una vez el contrato minero fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y promulgado en la Gaceta Oficial —todo el mismo 20 de octubre— las protestas se intensificaron y no han parado.
Según la Defensoría del Pueblo, se ha detectado uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
“Hemos iniciado una investigación oficiosa en contra de la policía nacional para esclarecer los hechos producto de la escalada de las manifestaciones”, dijo en conferencia de prensa Julio De Gracia, director nacional de protección de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo.
Las redes sociales suman cada día más videos de personas heridas por perdigones y hay reportes de detenciones arbitrarias.
Se vieron escenas de violencia durante la detención del dirigente magisterial Diógenes Sánchez, de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ANAPROF).
La policía dice que ha abierto investigaciones internas por estos incidentes, mientras que en el Ministerio Público se han interpuesto denuncias. Además, ha informado de la detención de más de 800 panameños, entre adultos y menores de edad, por actos de vandalismo cometidos durante las protestas.
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