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El presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, se dirigió por primera vez a la nación para referirse a las protestas que reclaman desde hace más de una semana la renuncia de la fiscal general, y rechazó los hechos de violencia y vandalismo.
Giammatei no hizo ninguna mención a las demandas ciudadanas para destituir a la fiscal, Consuelo Porras.
Los manifestantes acusan a Porras de tratar de evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tome posesión en enero mediante distintas maniobras jurídicas. La alta funcionaria judicial ha hecho caso omiso a las reclamaciones y pidió al gobierno que actúe contra las manifestaciones.
El mensaje presidencial, que fue pregrabado, se emitió al mismo tiempo que ocurrían los primeros disturbios en la zona capitalina.
En un mensaje de poco más de 11 minutos, Giammatei se refirió a las pérdidas económicas generadas por las movilizaciones y responsabilizó de las acciones y pérdidas a quienes han llamado a manifestar y obstruir carreteras. Bloquear las vías, dijo, no son hechos “pacíficos”.
“No se le puede dar golpe de Estado a alguien que no está gobernando, ustedes son los responsables de lo que estamos viviendo, a ustedes se les fueron de las manos el control de los manifestantes y bloqueos que han convocado”, dijo Giammattei, que llamó a Arévalo a dialogar sobre la situación.
Con bloqueos de carreteras y un paro nacional impulsado por indígenas y campesinos, los guatemaltecos siguen demandando en las calles la dimisión de Porras y de un juez, a los que señalan de socavar la democracia en la nación centroamericana.
Durante el día los bloqueos mantuvieron casi todo el territorio nacional paralizado y varias zonas de la capital guatemalteca permanecían bloqueadas. Varios comercios anunciaron sus cierres y el aeropuerto internacional dijo que no había combustible para reabastecer vuelos comerciales.
Las manifestaciones transcurrieron en calma durante siete días, pero cambiaron de tono el lunes, horas después de que la fiscal general dijo en un video que había saqueos, algo que no se había reportado. Varios manifestantes denunciaron que hay personas infiltradas en las protestas y que son los que provocan disturbios.
El presidente electo, por su parte, responsabiliza a Porras de estar tras un presunto golpe de Estado en el país.
En respuesta a las declaraciones del presidente, Arévalo dijo que fue Giammatei quien nombró a la fiscal y debe asumir la responsabilidad por sus acciones.
“Es su responsabilidad como presidente en funciones pronunciarse en contra del rompimiento del orden constitucional que ella (Porras), en contubernio con jueces y fiscales corruptos, han venido provocando. La salida de esta crisis es que se siente y escuche a la población que está siendo muy clara con sus solicitudes”, dijo Arévalo en sus redes sociales.
Las organizaciones indígenas que convocaron a las protestas rechazaron “los actos violentos de infiltrados” en las protestas en la capital. Se solidarizaron con tres agentes de policía que sufrieron heridas menores y llamaron a identificar a los responsables de disturbios y procesarlos.
En un mensaje divulgado por la mañana, Porras calificó de “ilegales” las movilizaciones en su contra y pidió acciones del ejecutivo para despejar las vías bloqueadas y permitir la libre circulación de las personas.
La Conferencia Episcopal de Guatemala pidió al presidente que exija la renuncia a la fiscal general y a sus colaboradores atendiendo el clamor popular y “en defensa del bien común”, dijo en un comunicado de prensa.
“Apelamos a la conciencia del presidente de la República, de la fiscal general y de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia para que, ante ese Dios que la Constitución invoca en su preámbulo, dejen los intereses sectoriales o personales y tomen las decisiones y acciones que conduzcan al país a la normalidad política y social”, se pronunció la Conferencia.
Walter Méndez, un estudiante universitario que forma parte de la protesta en uno de los tramos más importantes de acceso a la capital, reconoció que los bloqueos son molestos, pero dijo que es la manera de hacerse escuchar.
“Vine a participar porque es importante tener conciencia social, exigimos la renuncia de la fiscal porque intenta desacreditar el voto, liderando un golpe de Estado” dijo el alumno de Agronomía de 27 años.
Durante el fin de semana se registraron algunos incidentes donde personas enojadas por los bloqueos lanzaron sus vehículos contra manifestantes. Esas personas fueron detenidas por causar daños materiales y atentar contra la vida de la gente que protestaba.
La arremetida que mantiene la fiscalía que dirige Porras incrementó el hartazgo de los guatemaltecos cuando el mes pasado allanó sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sus empleados registraron voto por voto y secuestraron las actas electorales que registraron que Arévalo pasó a segunda vuelta.
La fiscalía investigó primero la denuncia que el mismo Arévalo presentó sobre el uso de firmas falsas para inscribir el partido político Movimiento Semilla con el que ganó la presidencia. Los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales, a cargo del proceso, investigaron y entonces se solicitó al juez Fredy Orellana una orden para suspender la personalidad jurídica de Semilla con el fin de que no participara en las elecciones.
Según la la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, el TSE es el único facultado para suspender o cancelar partidos dentro de un proceso electoral. Al no lograrlo, la fiscalía la emprendió contra el personal del TSE, sin obtener respuesta. Entonces la fiscalía avanzó y emprendió acciones contra los magistrados del TSE a quienes les ha presentado por lo menos tres solicitudes distintas de retiro de inmunidad.
Al no poder frenar la participación de Arévalo, Curruchiche dijo que recibió de un ciudadano una denuncia de fraude electoral por lo que allanó las sedes electorales. Tras el secuestro de la documentación el TSE dijo que desde ese momento se deslindaba de la credibilidad y del uso de las actas y no daba certeza de ellas.
Ante la campaña de la fiscalía que generó el rechazo nacional e internacional, indígenas y campesinos llamaron a un paro indefinido que inició hace más de una semana con 14 puntos bloqueados. El lunes había más de 80 vías bloqueadas en todo el país, aseguraron.
Porras, Curruchiche y Monterroso fueron sancionados por el gobierno estadounidense, que les retiró la visa de entrada al país y les acusó de obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala. Orellana, que también está sancionado, ha sido señalado de emitir resoluciones judiciales con fines políticos.
