Preso del 11J Andy García Lorenzo, en la enfermería de la cárcel por inanición

Continúa el deterioro de las condiciones carcelarias que enfrentan los presos políticos cubanos en el sistema penitenciario de la isla, denuncian sus familiares y activistas de derechos humanos.

En la prisión 1580, compañía 10, en el municipio de San Miguel del Padrón, La Habana, se encuentra el joven Orlando Carvajal Cabrera, de 21 años de edad, y condenado a 12 años de cárcel por el supuesto delito de “sedición”, tras su participación en la manifestación del 12 de julio de 2021 en la barriada de la Güinera, Arroyo Naranjo.

Carvajal Cabrera sufre de serios problemas renales y está sin medicamentos, denunció a Martí Noticias su madre, Marilyn Cabrera Mouré.

“Ahora mismo está pasando un cólico nefrítico con muchos dolores. Me resolvieron un medicamento para podérselo entrar. A él le pidieron en el juicio 20 años de prisión y en la casación se le quedó en 12, explicó.

El joven era menor de edad al momento de su detención. «Nunca había tenido un problema», aseguró la madre.

Los resultados del juicio de casación a 15 de los condenados del barrio habanero de La Güinera por participar en las protestas populares fueron entregados el 22 de mayo de 2022 a sus familiares por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo.

En el mes de diciembre de 2022, madres de los presos del 11 de julio fueron detenidas, junto a la líder de las Damas de Blanco Berta Soler, cuando salieron de la sede la organización, en Lawton, La Habana. Una de las detenidas fue Cabrera Mouré.

Taimir García Meriño, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), residente de Las Tunas, condenada en marzo de 2022 a cinco años de cárcel por los presuntos delitos de “atentado”, “desobediencia” y “desacato”, tras haberse manifestado contra el acoso de los inspectores estatales a los emprendedores privados, está presa en el penal Granja Cinco, provincia de Camagüey, en delicado estado de salud, y distante de su lugar de residencia, lo que dificulta las visitas familiares, alertó su esposo, Holmis Rivas Carmenate.

“Lleva varios días con inflamación y reforzamiento en los pulmones y fiebre. No le han dado antibióticos porque en la prisión no hay antibióticos. La mantienen todavía allá, en Camagüey”, advirtió su esposo.

Mientras, otros tres presos políticos condenados por el 11 J sufren las limitaciones y abusos en los penales de la isla, así lo comunicó desde Ciego de Ávila el miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, abogado Juan Carlos González Leyva.

Se trata de Javier Delgado Torna, regresado nuevamente a prisión luego de que no se le renovó la licencia extrapenal que se le otorgó por un año debido a las precarias condiciones de salud que padece, y José Rodríguez Herrada, también enfermo y sin asistencia médica, los dos recluidos en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara, ambos condenados a tres años y medio de prisión por el supuesto delito de “desórdenes públicos” por participar en la manifestación en Caibarién.

“A Javier Delgado Torna no le están dando los medicamentos para la diabetes, es hipertenso y tiene enfermedades agudas del corazón, ha sufrido varios desmayos debido a la falta de medicamentos y atención médica”, argumentó el activista.

“Y a José Rodríguez Herrada, el régimen cubano le está negando la asistencia médica y los medicamentos”, advirtió el miembro del Consejo de Relatores.

Mientras, en la prisión El Caney, en la provincia Santiago de Cuba, permanece recluida Yusnaira González Pérez, de 28 años, sentenciada a 5 años por participar en las protestas en esa localidad. A la presa política, madre de dos niños menores, le siguen negando el beneficio de prisión de mínimo rigor, a pesar del tiempo ya cumplido.

En marzo de 2022, el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba notificó las sentencias firmes en contra de ocho participantes en las protestas del 11J en el poblado El Caney, siendo cinco de los condenados miembros de la misma familia.

“De allí, recientemente, fue llevada hasta esta prisión campamento, aledaña a la cárcel de mujeres para ser sometida a trabajos forzados”, destacó González Leyva.