Propuesta de reforma de medios en Nicaragua, similar a las de otros regímenes autoritarios

Se espera que Nicaragua apruebe en enero un cambio a su constitución que altera el poder presidencial y aumenta el control estatal sobre los medios.

Si se ratifica, el cambio dejaría en manos del estado el poder de garantizar que los medios y plataformas de comunicación no estén “sujetos a intereses extranjeros y no difundan noticias falsas”.

Los analistas dicen que replicaría una medida adoptada en otros países autoritarios de todo el mundo, incluidos Cuba, Venezuela y los antiguos países que integraban el otrora Campo Socialista, bajo la égida de la desaparecida Unión Soviética.

Carlos Jornet, presidente del comité de libertad de prensa e información de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo que controlar la libertad de expresión en las redes sociales y en Internet era un “fenómeno creciente” en las Américas.

“Peor aún, los gobiernos que promueven tales controles lo hacen después de haber cooptado al poder judicial, al legislativo y a todos los órganos de supervisión”, dijo a la Voz de América.

“Está claro que cuando el gobierno etiqueta una información como falsa, no habrá posibilidad de ejercer una defensa o argumentar sobre la veracidad de una denuncia o la pertinencia de una opinión”, explicó Jornet.

La última reforma, que se aprobó en noviembre, debe ser confirmada en una segunda votación en enero.

La reforma, solicitada por el presidente Daniel Ortega, busca extender su mandato de cinco a seis años y cambiar el papel de la vicepresidenta Rosario Murillo -su esposa- a “copresidenta”.

La policía y el ejército se fortalecerán de una manera que le permita a Ortega reforzar su control del poder en el estado centroamericano.

Los ataques de Ortega a la libertad de prensa ya han obligado a cientos de periodistas y otras personas a exiliarse para evitar la amenaza de arresto y prisión, denuncian los organismos de control.

Más de 200 presos políticos fueron liberados el año pasado y expulsados a Estados Unidos, incluidos cinco exaspirantes presidenciales encarcelados después de intentar desafiar a Ortega en las elecciones de 2021, y el editor de uno de los periódicos más antiguos del país.

Al menos 229 personas detenidas en Nicaragua por motivos políticos sufrieron torturas y “crímenes contra la humanidad”, según la organización no gubernamental Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El grupo estimó que alrededor de 2.000 personas han sido arrestadas en relación con las protestas antigubernamentales de 2018, informó Reuters este mes.

Los críticos del último cambio constitucional dicen que legaliza efectivamente el “poder absoluto” ejercido por Ortega y Murillo.

Sin embargo, Gustavo Porras, el jefe de la legislatura nicaragüense, ha dicho que la reforma será aprobada el próximo mes y describió las críticas como una “forma estúpida de llevar a cabo la oposición”.

Lucía Pineda Ubau, directora del sitio de noticias 100% Noticias, dijo que la nueva constitución facilitará que las autoridades ataquen al periodismo independiente.

“Esto es grave porque lo incluye en la política de la constitución, que sigue castigando, persiguiendo y criminalizando a periodistas y medios de comunicación”, dijo a la VOA desde su hogar en el exilio en Costa Rica.

“Esto se suma a la reforma de la legislación sobre delitos cibernéticos, que se aprobó en septiembre de este año”, dijo.

Las inminentes reformas constitucionales proponen aumentar las penas de 10 a 15 años de prisión por propagar noticias falsas o tergiversaciones que se determine que han causado alarma, miedo o ansiedad. También amplía el alcance de la ley más allá de las fronteras de Nicaragua.

“Este gobierno ha aumentado el terror para los periodistas exiliados”, dijo Pineda.

Los cambios en Nicaragua replican leyes y regulaciones similares en la región que, según los analistas, se utilizan para silenciar a la disidencia y a los medios de comunicación.

En Venezuela, los ataques a los medios independientes por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro durante los últimos 11 años han creado una “especie de desierto informativo”, según comunicado del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).

Un informe que el organismo de control publicó a principios de este año concluyó que el gobierno no se molestó en llevar a cabo una nueva ofensiva contra los medios de comunicación antes de las elecciones presidenciales de julio debido a la eficacia de su sostenida campaña de represión.

Cuba también ha aprobado una serie de leyes que regulan aún más la libertad de expresión, dijo William LeoGrande, experto en Cuba y profesor de gobierno en la American University en Washington.

“Cuba tiene leyes similares a las de Nicaragua”, dijo a la VOA, haciendo referencia al Decreto 35, que implica sanciones penales por la difusión de desinformación y requisitos para que los proveedores de telecomunicaciones suspendan o cancelen los servicios.

“También potencialmente da a las autoridades una enorme libertad para criminalizar comentarios en línea [como] ‘incitar a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público’, ‘subvertir el orden constitucional’ o ‘difamación con impacto en el prestigio del país’”.

LeoGrande dijo que el código penal de Cuba, que entró en vigor en 2022, contiene disposiciones redactadas de manera tan amplia que pueden usarse para acusar a las personas por críticas o actos no violentos.

La Ley de Comunicación Social de Cuba, que entró en vigor en octubre, impone una regulación más estricta de la comunicación en línea y alienta la represión de las voces disidentes.

Reporteros Sin Fronteras dijo en octubre que 11 periodistas ya fueron citados por la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba, acusados y obligados a renunciar a sus trabajos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que los cambios inminentes a la constitución de Nicaragua marcan una mayor erosión de los controles y equilibrios del poder ejecutivo.

«Si se adoptan, estos cambios sonarán la campana de la sentencia de muerte para las libertades fundamentales y el estado de derecho en Nicaragua», dijo en un comunicado.

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