Qué hay detrás de esa condena

La Fiscalía de La Habana solicitó una pena de privación perpetua de libertad para el presunto autor de un feminicidio y un asesinato por motivos de género, informó este miércoles el Noticiero de la Televisión Cubana.

De acuerdo al reporte, que no precisó la fecha en la que ocurrieron los hechos, el hombre asesinó a su exmujer, madre de su hijo de dos años, y a la pareja de ella en ese momento. Además, cometió un delito de amenaza, pero no especifican si esta fue a una tercera persona o contra las propias víctimas antes de cometer el crimen.

«No nos temblará la mano, no disminuiremos nuestro actuar, en aras de dar la respuesta que hoy el pueblo para el cual trabajamos exige», aseguró la presidenta primera de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana, Daylin Naranjo Medina, y aclaró que en Cuba el delito de asesinato no prescribe. Asimismo, recordó que los marcos sancionadores en el nuevo Código Penal por el delito de asesinato llegan hasta los 30 años de privación de libertad e incluso establecen la pena de muerte.

Aunque no se menciona en ningún momento el término feminicidio, el periodista dijo que la ley incluye “sanciones más rigurosas frente a todos los actos de violencia de género, discriminación, por razones de odio, identidad sexual, entre otros factores».

«Aún nos falta como sociedad superar lo que por años hemos tenido como cultura patriarcal y machista, incluso lo que queda por hacer en las familias y comunidad, en nuestros propios mecanismos institucionales y legales», afirmó.

El reporte no identifica ni al presunto asesino ni a las víctimas pero recoge declaraciones de los familiares de estas. Mileydis Almaguer Leyva, madre de una de las víctimas, destacó el trabajo de «los fiscales, de los jueces, del abogado» y Mercedes Samora Pozo, consideró que para que hubiera justicia debía aplicarse la pena máxima.

Entre enero y octubre de este año los observatorios de Género Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) han contabilizado 67 feminicidios en el país, una cifra que casi duplica los registrados en todo 2022 (36).

No obstante, Iliana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, dijo a Martí Noticias que los apellidos de las madres de las víctimas no coinciden con ninguno de los casos que han podido verificar este año. “No podemos precisar con claridad, estamos revisando en nuestras bases de datos”.

Los observatorios independientes han documentado los crímenes machistas desde 2019. “Solo podemos articular un subregistro y ellos, como siempre, siguen ocultando información, dando todo a medias. Violando nuestro derecho a saber la verdad sobre la violencia de género”, comentó Álvarez.

La abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, considera que la exposición de este caso en los medios oficiales deja muchas interrogantes sin resolver.

La especialista explicó a nuestra redacción que aunque el nuevo Código Penal contempla como agravante casos de violencia de género, intrafamiliar y discriminación, entre otros, los feminicidios no están tipificados como delito.

“Habría que ver si antes de llegar a este hecho la persona amenazó y, si lo hizo, cuál fue el rol de las autoridades porque lo que hemos visto en los últimos tiempos es que la Policía no actúa debidamente cuando las víctimas denuncian a sus agresores. Hay muchas cosas que preguntarse en este caso, si es verdad que quieren mantener al pueblo informado”, dijo.

“Nosotros hemos hecho hincapié que la solución a la violencia de género y los feminicidios en Cuba está en la prevención, en la creación de una Ley Integral contra la violencia de género que transversalice todas las demás leyes de la sociedad”, acotó Álvarez quien insiste en que además de justicia y reparación para los familiares de las víctimas el Estado debe crear estrategias para salvar a las mujeres en riesgo.

“Las mujeres cubanas no tienen una red de apoyo, no tienen donde guarecerse. La fiscalía y el resto de las instituciones carecen de una perspectiva de género, de una perspectiva feminista, que es necesaria en todos los niveles, para hacer leyes muchas más justas. La solución no está en el punitivismo como se evidenció en el reportaje. La violencia de género y el patriarcado son problemas estructurales y para erradicarlos hay que ir a esas estructuras que los han mantenido durante siglos”, agregó.

A inicios de este mes OGAT y YSTCC publicaron una declaración conjunta a raíz de la condena a privación perpetua de la libertad a dos feminicidas por parte de los tribunales cubanos.

“Como observadoras que arriesgamos nuestra seguridad para registrar, sensibilizar y prevenir la violencia feminicida en Cuba, nos oponemos a que esta causa sea usada por el populismo punitivo que se evidencia en la nota del Tribunal Supremo Popular”, dijeron entonces.

“Quisiéramos saber si de ambas sentencias se derivó una compensación económica para les niñes que sobrevivieron a sus madres, si las familias afectadas han accedido a apoyo psicoemocional integral, solo por citar dos ejemplos. Quisiéramos saber si alguna de las víctimas pidió ayuda por las agresiones que suelen anteceder los femi(ni)cidios y si la recibió. Una dura condena puede aliviar el dolor de la familia por la pérdida inmediata pero no la va a reparar en lo que esa ausencia significará a largo plazo”, cuestionaron.

Justo esta misma semana las autoridades confirmaron la muerte de Kamila Melit Alonso Ocampo, una niña de dos años, ocasionada por abusos sostenidos por parte de su padrastro y su madre en La Habana. Los observatorios independientes calificaron el hecho como un feminicidio familiar.

“Cada día llegan noticias más desconcertantes sobre la realidad cubana, con formas de violencia extrema e inacción social, al parecer también ocultas por tantos años de censura y ausencia de transparencia institucional. Estas atrocidades ocurren además por la inacción de los demás familiares, vecinos, organizaciones barriales (CDR, FMC), instituciones comunitarias (Médico y Enfermera de la Familia, Trabajadores Sociales y Jefe de Sector) y con la absoluta complicidad del Estado que no legisla ni divulga efectivamente para prevenir este tipo de hechos violentos”, cuestionaron las feministas.