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El expresidente Juan Manuel Santos pidió el viernes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no permita que su ambicioso proyecto llamado “paz total” opaque la implementación del histórico acuerdo de paz que siete años atrás firmó su gobierno con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
“Si no se implementa el acuerdo que firmamos con las FARC, cualquier otro intento de paz nace muerto”, advirtió Santos en el marco del séptimo aniversario de la firma de paz celebrado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá.
Santos, ganador del premio Nobel de la Paz en 2016 por lograr firmar un acuerdo con la guerrilla más antigua de Latinoamérica, dijo que aunque sólo el 31 % del acuerdo se ha ejecutado completamente, “todavía hay tiempo” para poner en marcha lo pactado con la extinta guerrilla, dado que faltan ocho años de los 15 que se plantearon para finalizar su ejecución.
Petro, quien no estuvo presente en la ceremonia, se ha propuesto iniciar diálogos con múltiples grupos armados que aún persisten en el país, pese a que las FARC dejó las armas luego de combatir al Estado por cinco décadas.
Su proyecto de “paz total” reanudó en 2022 la mesa de diálogo con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y lo inició en octubre de 2023 con las disidencias de las FARC autodenominadas Estado Mayor Central, fundadas por quienes nunca firmaron el acuerdo de 2016.
El canciller colombiano Álvaro Leyva dijo a la prensa al terminar el evento que el presidente Petro está comprometido con el acuerdo de paz y aseguró que los rezagos en la ejecución obedecen a falta de voluntad política de su antecesor, el conservador Iván Duque (2018-2022).
Petro “ha reiterado su compromiso frente a Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de cumplir absolutamente con todo lo acordado”, enfatizó Leyva.
Según Santos, los bajos niveles de implementación en el acuerdo de paz con las FARC se registran sobre todo en el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el que los campesinos los cambian por proyectos legales, la falta de garantías de seguridad para los excombatientes y en el capítulo étnico, dado que para las comunidades afrodescendientes e indígenas faltan garantías de participación política y reparación colectiva.
Santos aseguró que su mayor preocupación son los 406 firmantes del acuerdo de paz que han sido asesinados en los siete años y señaló como los principales autores de los crímenes a las disidencias de las FARC. La Fiscalía ha advertido que la violencia contra los exguerrilleros también la ejercen el ELN y el cártel Clan del Golfo.
Al respecto, el expresidente Santos (2010-2018) calificó como un “error estratégico muy serio” que el gobierno de Petro le concediera estatus político a las disidencias para negociar y aceptara que se autodenominen FARC-EP (Ejército del Pueblo).
El acuerdo firmado «fue para que las FARC dejaran de existir como grupo armado y dejaron de existir. Entonces nadie entiende cómo nuevamente aparece las FARC-EP y el gobierno les da patente de corso”, reclamó Santos.
Las disidencias han tomado como propio el nombre “Estado Mayor Central de las FARC-EP”, como se denominaba la máxima instancia de la extinta guerrilla y han dicho en comunicados que siguen los pasos de alias “Manuel Marulanda”, quien fundó las FARC en la década de 1960 con la ambición de tomar el poder por las armas.
Esa denominación también es rechazada por los antiguos comandantes de las FARC que ahora están en la legalidad y formaron un partido político llamado Comunes.
Julián Gallo Cubillos, quien fue conocido en la guerra como “Antonio Lozada”, dijo en octubre a The Associated Press que ninguna de las personas que aparecen en las disidencias hacían parte del Estado Mayor Central de las extintas FARC. “Ellos utilizan esa bandera para tratar de revestir sus actuaciones con un ropaje político, pero ellos no nos representan realmente”, aseguró.
En su discurso, Santos resaltó que el acuerdo firmado en 2016 es un ejemplo para el mundo y para los países que tienen conflictos internos al ser “integral” y tener metas de género, étnicas y ambientales. Sin embargo, reconoció que hay metas ambiciosas como reparar nueve millones de víctimas del conflicto colombiano, lo que podría “durar generaciones en cumplirse”.
También resaltó que el sistema de justicia especial creado para juzgar los crímenes de lesa humanidad está avanzando con 11 grandes casos —que incluyen secuestros, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual— y le pidió al tribunal que se dedique a dar a los perpetradores sus primeras sanciones.
“Tiene un tiempo limitado, para que podamos decir los colombianos: no hay toda la verdad, pero hay suficiente verdad, no está toda la justicia, pero hay suficiente justicia”, indicó el expresidente.
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