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Desde 2014, con frío, calor, lluvia o buen tiempo, la rutina laboral de María Torres ha sido siempre la misma. Sale de su casa por la mañana y se tira todo el día por la calle, visitando domicilios de solicitantes de ayudas a la dependencia de la Comunidad de Madrid. Evalúa las patologías, enfermedades crónicas y cómo afectan en su vida diaria, si tienen apoyos o necesitan ir a un centro de día. Después, elabora un informe y se le asigna un grado de dependencia al solicitante. Al día siguiente, vuelta a empezar.
Es un trabajo básico en la Administración que es responsabilidad de funcionarios, pero, en el caso de Torres, que tiene 45 años, nunca ha tenido una plaza a su nombre. Sumando el tiempo en este puesto y los tres años en los que trabajó también para la Comunidad de Madrid en su oficina de información, lleva 13 años como interina, en una situación de temporalidad. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, que sitúa los tres años como el máximo en el que un trabajador público puede estar como interino, lleva una década en una situación de fraude de ley.
«Son años con la sensación de que no tienes un trabajo estable, de que no sabes en qué momento se va a acabar», declara Torres, que entró en la bolsa de trabajo que le dio acceso al puesto mediante un concurso de méritos y, como otros tantos miles de interinos de larga duración como ella, pide pasar a ser funcionara de la misma manera, sin tener que hacer un examen de oposición.
«Yo tengo familia, tengo hijos, mi marido tampoco tiene buenos horarios, con lo cual toda la carga recae en mí y no tengo mucho tiempo para dedicarme a estudiar porque los niños son pequeños y, además, tengo un hijo con discapacidad, con lo cual más», explica Torres, que, tras sacar cuatro titulaciones universitarias, ahora ve muy difícil poder competir por su plaza en unas oposiciones con personas más jóvenes y con más tiempo libre que ella. «Tengo la sensación de que llevo toda la vida estudiando y, al final, realmente no tengo nada».
Tirón de orejas del TJUE
El pasado 22 de febrero, la consolidación de los interinos volvió a los titulares en lo que se interpretó como un tirón de orejas a España por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que consideró que las medidas tomadas por el Estado para reducir la temporalidad de los trabajadores de la Administración no estaban siendo suficientes.
El 29,6% de los trabajadores de las Administraciones públicas españolas -incluyendo la general, las autonómicas y las municipales- son temporales, según los últimos datos de la Encuesta Pública de Empleo (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto convierte al sector público en el que tiene la mayor tasa de temporalidad de toda la economía, más del doble de la media de todo el sector privado, que se sitúa en torno al 13%. Los sindicatos calculan que unos 530.000 de estos temporales llevan más de tres años en esa situación, por encima del límite legal.
Para tratar de paliar esta situación, en junio de 2021, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF alcanzaron un pacto con el Gobierno que se plasmó en la Ley 20/21, que ponía como horizonte el final de 2024 para rebajar la temporalidad en el sector público al 8%.
El acuerdo inicial contemplaba la consolidación de los interinos que llevasen más de tres años en su puesto mediante un concurso-oposición, es decir, un método de selección en el que se tuvieran en cuenta tanto los puntos obtenidos por aptitudes laborales y experiencia como la nota de un examen. Ante las quejas de las asociaciones de interinos, el Gobierno incluyó también que los interinos con más de 10 años en el mismo puesto pudieran acceder al funcionariado sin tener que realizar el examen, una posibilidad que queda en manos de cada una de las Administraciones.
Retraso en tres comunidades autónomas
Independientemente de si se ha realizado mediante exámenes de oposición o no, la consolidación ha sido lenta y muy desigual dependiendo de las comunidades autónomas en estos últimos dos años y tres meses, según denuncia desde la Coordinadora Madrileña de Empleados Públicos en Fraude Ley, que convocó el pasado jueves una concentración frente al Ministerio de Justicia reivindicando “un cambio normativo que estabilice al personal temporal de larga duración”.
«La Administración General del Estado es la que la ha cumplido a rajatabla y sí que tiene la tasa de temporalidad en un 8%. Los ayuntamientos, más o menos, todos han cumplido y el problema está en tres comunidades autónomas: la Comunidad de Madrid, Aragón y Asturias», denuncia Maite Agredano, portavoz de la citada coordinadora.
«La temporalidad abusiva se debería regular igual que en el sector privado. Si tú estás en un puesto de trabajo con contratos temporales durante más de tres años, el empresario o te echa o te tiene que renovar el contrato y hacerlo indefinido», declara Agredano. «El cese en la Administración no está contemplado en la normativa europea, con lo cual, tienen que transformar automáticamente los contratos en fijos».
El problema jurídico de esta solución es que, según la doctrina que fijó el Tribunal Supremo, contraviene la garantía de que el acceso al funcionariado es igual para todos los ciudadanos, como garantiza, en teoría, un examen de oposición. «El Supremo había entendido que en la Administración no se podía convertir en fijos a estos trabajadores por los principios de acceso al empleo público porque entonces no había concurrencia, no habría igualdad, mérito ni capacidad», explica Alfonso Esteban, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid.
«No podemos cargarnos el sistema constitucional de acceso al empleo público que es garante de que la administración esté en los mejores. Los concursos de méritos son procesos extraordinarios y, por eso, se marca muy bien en qué franja de tiempo se pueden hacer y en cuál no, son leyes especiales», añade el profesor Esteban.
Un problema constitucional
Para salvar este callejón sin salida, se recurrió a una figura preexistente, pero escasamente utilizada hasta la fecha del “indefinido no fijo”. Bajo este paraguas, los interinos pueden ser cesados si la plaza que cubren sale a concurso y no logran obtenerla. Si esto sucede, se les aplica una indemnización compensatoria de 20 días por año trabajado. Esta solución fue aprobada por los sindicatos, pero las asociaciones de interinos la consideran insuficiente por no ser proporcional ni disuasoria. En su opinión, a la Administración le puede compensar recurrir a ella y a los interinos que han sufrido abuso de temporalidad no les resarce.
En este contexto llegó la sentencia del TJUE, que no considera suficiente ni la figura del indefinido no fijo ni las indemnizaciones compensatorias que se pagan por el cese, aunque tampoco aclara qué medidas serían las más apropiadas. En el último capítulo de esta larga serie, el Supremo español ha devuelto la pelota al tejado europeo, pidiendo al TJUE que explique cómo considera que debe hacerse la fijeza de estos puestos. Para las plataformas de interinos, esta sentencia no deja otra vía que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, pero el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, pidió esperar a que los jueces españoles interpretaran la sentencia del TJUE poco después de su publicación.
Desde los sindicatos, por su parte, se muestran más precavidos que las plataformas de interinos sobre las consecuencias que puede tener la sentencia europea. «Se están generando muchas expectativas con la sentencia del TJUE, pero a nosotros, desde UGT, nos gusta también ser cautos, porque la situación de estrés, de tensión, de inseguridad de las personas que están esperando poder estabilizar su puesto puede generar muchas frustraciones si no se cumplen las expectativas», declara Rosa María Robledano, secretaria de Política Sindical Mujer e Igualdad de UGT.
«El legislador ha decidido esperar a que se pronuncie el Supremo y tenemos que esperar», añade Robledano, que considera que el proceso, en cualquier caso, podría haberse realizado mucho más rápido por parte de administraciones como la Comunidad de Madrid.
«Queremos que se haga justicia»
Antes de que se aprobase la ley de 2021, la interina María Torres se presentó a dos procesos de oposición, pero su situación le ha hecho imposible prepararlos con garantías. Ha logrado mantener su puesto porque no se han cubierto las plazas y este ha quedado desierto al ser un puesto poco atractivo por desarrollarse alejado de la comodidad de un despacho. Sin embargo, ahora está pendiente del proceso de estabilización derivado de esta ley y tiene serias dudas de que vaya a poder conseguirlo.
«Intentarse siempre se intenta, pero lo veo complicado, porque, además, te lo juegas todo a un examen que te puede salir bien, te puede salir mal, puede ser tu día cómo puede no serlo y no se valora, por ejemplo, toda la trayectoria profesional que tú llevas», se lamenta la madrileña, que calcula que todavía un 70% de sus compañeros siguen siendo interinos. Muchos, como ella, llevan muchos años en su puesto y su situación personal ha cambiado desde entonces, haciendo que aprobar un examen de oposición sea ahora casi imposible. Reclaman que puedan ser consolidados teniendo en cuenta solo los méritos.
«Lo que queremos es que se haga justicia, si nuestra plaza era estructural, tendrían que haber convocado oposiciones cuando entramos», defiende Torres. «Mi situación era otra, yo no tenía hijos, era mucho más joven y las posibilidades que tenía de estudiar eran mucho más grandes que las que tengo ahora. Si yo no tuviese que estar estudiando otras cosas, como la ESO, y la primaria por las tardes, pues podría dedicarlo a estudiar para mí, pero claro, tengo que decidir si dejo a mis hijos tirados, o estudio y, al final, miras por tus hijos, eso está claro».
—¿Qué supondría para ti perder ahora la plaza?
—»Pues imagínate, mujer con 45 años ya, con cargas familiares, en la empresa privada no voy a tener cabida porque, ¿Quién me va a contratar con esta edad? Hay gente más joven y con experiencia».
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