Sociedad civil denuncia ante la CIDH la difícil situación de los ancianos en Cuba

Miembros de la sociedad civil denunciaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la difícil situación que enfrentan los ancianos en Cuba, el país más envejecido de la región con 24,4% de la población sobrepasando los 60 años según datos oficiales.

Las organizaciones mencionaron varios de los factores que agravan la situación de las personas mayores en la isla, señalando que la inseguridad energética, hídrica y alimentaria coloca a los adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema.

En la sesión, la directora ejecutiva de Cuido60, Elaine Acosta, detalló cómo el agravamiento de la crisis estructural y sistémica está afectando el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.

“La inseguridad económica de las personas mayores ha aumentado significativamente desde 2021, con nuevas barreras para acceder a sus ingresos, resultado del proceso de bancarización que ha dificultado significativamente el cobro de las pensiones. Unas pensiones que han visto perder progresivamente su valor precisamente por la la elevada inflación y el aumento del coste de la vida. Esto ha ocasionado un aumento considerable de la pobreza en Cuba”, declaró.

Acosta apuntó también al éxodo migratorio sin precedentes desde el 2021 “que ha ocasionado un vaciamiento poblacional y una aceleración del envejecimiento en Cuba ante la mayoría de quienes han emigrado son jóvenes y mujeres”.

Sergio Ángel, del Food Monitor Program, declaró que “el desabastecimiento y la desigual distribución de alimentos básicos en los mercados en la isla complican aún más la situación para los adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para adquirir alimentos debido a la necesidad de desplazarse, largas distancias y hacer colas para realizar sus compras”.

Subrayó ademas que el 93% de los adultos mayores utiliza el peso cubano como moneda principal para la compra de alimentos, lo que los excluye de otros espacios de comercialización.

Asimismo responsabilizó al estado cubano por las dificultades que enfrentan los ciudadanos, expresando que sus políticas económicas y sociales “han sido inadecuadas para garantizar la protección de los ciudadanos más vulnerables”.

“No se puede acusar a las sanciones cuando el estado cubano invierte los escasos recursos de los que dispone en el turismo”, expresó.

Ileana Álvarez, del Observatorio de Género Alas Tensas, dijo que la violencia de género y, en particular, el feminicidio de mujeres mayores de 60 años “es un drama invisible y ocultado por el estado cubano”, con consecuencias devastadoras para las víctimas sobrevivientes y que no existe una legislación específica para las víctimas de feminicidios, ni políticas públicas efectivas que garanticen la reparación de quienes dependían de las mujeres asesinadas.

“Instamos a las instituciones cubanas a abordar de manera específica el feminicidio de mujeres adultas mayores, ya que su vulnerabilidad demanda políticas de prevención interdisciplinarias. Sólo desde un análisis detallado de este tipo de feminicidio, relacionados a él, se podrá prevenir de manera efectiva este gran problema”, declaró.

Por su parte, Yaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hizo referencia a los adultos mayores que se encuentran en la cárcel, especialmente aquellos que son privados de libertad por motivos políticos y de conciencia y mencionó los casos de Félix Navarro de 71 años, que tiene medidas cautelares de la CIDH, y el Miguel Díaz Bausá, de 81 años, lleva 30 años encarcelado.

“En un estudio que hicimos hace un año, que lo enviamos a la ONU, contamos que al menos se le violaban 16 normas de las “Reglas Mandela” (reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de reclusos) que de hecho, conciben que…las autoridades penitenciarias debían tener en cuenta la realidad de cada sector de reclusos y tener en cuenta los más vulnerables. Se violan a estos reclusos, especialmente a los que son presos con motivo político de conciencia, innumerables derechos”, dijo.

La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos que promueve y defiende los derechos humanos en los países miembros de la organización.