testigos protegidos revelan exigencias de exfuncionario judicial a poderoso narcotraficante

Dos testigos protegidos de un caso que se investiga en Ecuador sobre los vínculos entre uno de los mayores narcotraficantes y la justicia del país, revelaron el jueves en testimonio anticipado las exigencias que hacía uno de los más altos funcionarios judiciales implicados.

La Fiscalía destapó la trama a fines del año pasado, en el denominado caso “Metástasis”, por el cual son procesadas 52 personas, entre ellas, Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, un organismo de administración y control de la función judicial. Terán cumple prisión preventiva.

Álex Palacios, considerado mano derecha de Terán, aseguró el jueves en un testimonio anticipado que busca la reducción de pena que, en agosto de 2022, el expresidente de la Judicatura le pidió solicitar al narcotraficante Leandro Norero dos millones de dólares para gestionar un recurso de habeas corpus para conseguir la liberación de su hermano.

Según Palacios, el pago no se concretó por la negativa de uno de los jueces que llevaba la causa.

Norero, quien según las autoridades actuaba como financista de varios grupos criminales en Ecuador y tenía vínculos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, fue detenido en mayo de 2022 junto a dos hermanos acusados de lavado de activos. En octubre de ese mismo año, el líder criminal fue asesinado en una cárcel durante un motín.

Palacios narró en su versión que, en una segunda gestión de Terán para retrasar la notificación del rechazo al recurso, recibió 10.000 dólares que él mismo fue a retirar y entregó al entonces titular del Consejo de la Judicatura en su oficina.

La noche del 12 de diciembre de 2023, Palacios dijo haber recibido una llamada de Terán en la que le manifestó “ponte a buen recaudo y elimina todo”. Esa misma noche fue detenido, contó, y acusó al expresidente de la Judicatura de haberlo amenazado de muerte en la cárcel.

El segundo testigo en rendir su versión anticipada fue Héctor Paredes, un agente investigador que integraba la unidad de lavado de activos de la Policía y que participó en la captura de Norero.

El exagente relató que en junio de 2022 fue contactado por un hombre que se identificó como expolicía y que le pidió ayuda para obtener información sobre una investigación acerca de las actividades de Norero. Según Paredes, inicialmente se negó al pedido, pero el intermediario le mostró fotografías de su familia y lo amenazó para que cooperara.

Desde entonces el exagente participó en hechos como ingresar supuestas evidencias en el expediente para justificar el dinero incautado a Norero y en entregar información sobre el caso. Por esto, Paredes recibió unos 9.000 dólares en tres pagos.

Por su condición de testigos protegidos, Palacios y Paredes abandonaron las instalaciones de la Corte en medio de fuertes medidas de seguridad y portando cascos y chalecos antibalas.

Además de Terán, la Fiscalía vinculó en el caso a jueces, policías, funcionarios de alto rango del sistema de control penitenciario, abogados y políticos, entre otros, para quienes la fiscal,Diana Salazar solicitó la noche del jueves que se disponga la retención de sus cuentas y la enajenación de bienes muebles e inmuebles por 5,2 millones de dólares, entre los 52 procesados, con el fin de “garantizar una posible reparación integral”.

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, deberá emitir un fallo en las próximas horas sobre el pedido de la fiscal y sobre la solicitud de seis procesados para que se les revise la medida cautelar de prisión preventiva. La audiencia preparatoria de juicio se celebrará en junio.

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