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La decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito exige a Texas que detenga cualquier obra en la barrera de aproximadamente 300 metros (1.000 pies) y la traslade a la orilla del río. La orden ratifica la decisión que emitió un tribunal de menor instancia en septiembre, que Abbott calificó de “incorrecta” y había pronosticado que sería revocada.
En cambio, esta semana el tribunal con sede en Nueva Orleans asestó a Texas una segunda derrota jurídica relativa a sus operaciones fronterizas. Una jueza federal el miércoles permitió que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) sigan cortando el alambre de púas que el estado instaló a lo largo de la orilla del río, a pesar de las protestas de funcionarios texanos.
Texas ha afirmado durante meses que secciones del río Bravo (o Grande) no están sujetas a las leyes federales que protegen las aguas navegables. Pero los jueces argumentaron que el tribunal de menor instancia había dado correctamente la razón al gobierno de Biden.
“Se tuvo en cuenta la amenaza para la navegación y para las operaciones del gobierno federal en el río Grande, así como la amenaza potencial para la vida humana que creaba la barrera flotante”, escribió la jueza Dana Douglas en su dictamen.
Abbott escribió en X que la decisión era “claramente errónea” y dijo que el estado buscaría de inmediato una nueva audiencia del tribunal.
“Iremos hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario para proteger a Texas de las fronteras abiertas de Biden”, publicó Abbott.
El gobierno de Biden demandó a Abbott por las boyas después de que el estado instalara la barrera a lo largo de la frontera internacional con México. Las boyas se ubican entre la ciudad fronteriza texana de Eagle Pass y Piedras Negras, Coahuila.
Miles de personas estaban cruzando ilegalmente hacia Estados Unidos a través de esa zona cuando se instaló la barrera. El tribunal de menor instancia ordenó al estado mover las barreras en septiembre, pero la apelación de Texas aplazó temporalmente la entrada en vigor de dicha orden.
El gobierno de Biden entabló una demanda en virtud de la Ley de Ríos y Puertos, que protege las aguas navegables.
En un disenso, el juez Don Willet, designado por el expresidente Donald Trump y exmagistrado de la Corte Suprema de Texas, dijo que la orden de mover las barreras no disolverá las tensiones que, según el gobierno de Biden, han aumentado entre los gobiernos de Estados Unidos y México.
“Si el tribunal de distrito dio crédito a las afirmaciones de daño hechas por Estados Unidos, entonces debería haber ordenado que la barrera no sólo se moviera, sino que se retirara”, escribió Willet. “Sólo la retirada completa eliminaría la ‘construcción y presencia’ de la barrera y satisfaría las demandas de México”.
Casi 400.000 personas intentaron entrar en Estados Unidos a través de la sección de la frontera suroeste, que incluye Eagle Pass, el pasado año fiscal.
En la decisión del tribunal de menor instancia, el juez federal David Ezra puso en duda la justificación de la barrera por parte de Texas. Escribió también que el estado no había producido «pruebas fehacientes de que la barrera de boyas instalada haya reducido significativamente la inmigración ilegal”.
Funcionarios de la CBP no hicieron comentarios por el momento.
