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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela acordó notificar a la Contraloría General de la República (CGR) para que en un plazo continuo de tres días consigne información relacionada con la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado.
Machado acudió la semana pasada ante el TSJ, donde presentó una demanda de reclamación junto a otra de amparo cautelar contra la “vía de hecho que simula un acto de inhabilitación inexistente» para ejercer cargos públicos por 15 años, que le impuso la CGR, acción de la que, asegura, nunca le fue notificada.
“A efectos de emitir un pronunciamiento acerca de la admisibilidad de la demanda y eventualmente acerca de la procedencia de la solicitud del amparo cautelar, resulta necesario solicitarle a la Contraloría General de la República la remisión de los antecedentes administrativos del caso, con especial énfasis en la copia certificada de los actos administrativos mediante el cual le fue impuesta la sanción de inhabilitación política a la ciudadana María Corina Machado”, precisa un oficio de la Sala Política Administrativa del TSJ del 19 de diciembre.
Sobre Machado y otros líderes opositores pesan inhabilitaciones administrativas para ejercer cargos públicos que son consideradas “ilegales”, pero que les impedirían formalizar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.
Noruega, el país facilitador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición, divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
El mecanismo establece que “cada persona inhabilitada”, entre el 1 y el 15 de diciembre podría ejercer un recurso contra la medida ante TSJ, que “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”.
Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en octubre, EEUU emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos que comenzaron a concretarse este miércoles.
La oposición y otros sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
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