Trinidad y Tobago decreta estado de emergencia ante repunte de violencia pandillera

Un repunte de la violencia pandillera de proporciones letales ha llevado a las islas caribeñas de Trinidad y Tobago a implementar un estado de emergencia en todo el país el lunes.

La declaración siguió a un fin de semana marcado por una racha de violencia pandillera que resultó en múltiples muertes, incluyendo cinco hombres que se cree que fueron víctimas de tiroteos de represalia.

“No cabe duda de que estamos lidiando con una epidemia”, dijo el ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, a los periodistas en una conferencia de prensa.

Aunque el estado de emergencia no contempla un toque de queda, se les dijo a los residentes que esperaran un aumento de la presencia policial y militar.

Las fuerzas del orden también tendrán la capacidad de hacer búsquedas, detener a sospechosos durante 48 horas y arrestos sin una orden judicial. Se espera que las escuelas, negocios y otras actividades, incluidas las celebraciones de Año Nuevo, continúen según lo programado.

El fiscal general interino, Stuart Young, enfatizó que, aunque había una preocupación generalizada sobre el aumento de la violencia e inquietud, en particular relacionada con “el repunte y la gravedad de los actos delictivos” cometidos por las pandillas que portan armas ilegales.

“Las pandillas criminales, mediante el uso de armas de asalto de grueso calibre y otras armas de fuego ilegales en áreas de Trinidad y posiblemente Tobago, probablemente redoblarán la violencia y la osadía con la que actúan, en el corto plazo, mediante tiroteos de represalia a gran escala, lo cual supone una amenaza para las personas y pondrá en peligro la seguridad pública”, dijo Young.

La república de las dos islas ha registrado un número sin precedentes de 623 homicidios hasta la fecha este año y, según Hinds, 263 de ellos se relacionan con la violencia pandillera.

Los residentes de Trinidad y Tobago no son ajenos a los estados de emergencia.

En 2021, la administración de Keith Rowley decretó un estado de emergencia para restringir movimientos y limitar la propagación del virus COVID-19 durante la pandemia.

Diez años antes, su predecesora Kamla Persad-Bissessar instituyó un estado de emergencia limitado y un toque de queda en áreas que fueron declaradas “focos rojos” de criminalidad.

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