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La Unión Europea (UE) prorrogó sanciones individuales contra 54 personas vinculadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por “acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos”, según el Diario Oficial de la UE publicado el lunes.
“El Consejo ha revisado las medidas restrictivas vigentes. Habida cuenta de dicha revisión, las medidas restrictivas contra todas las personas de la lista, a excepción de una persona que ha fallecido (Tibisay Lucena, exministra de Educación Universitaria y expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), deben prorrogarse hasta el 14 de mayo de 2024”, detalla el Diario Oficial.
Además, precisa que se actualizan los motivos de inclusión en la lista de dieciséis personas y que las medidas “no afectan a la población en general y pueden revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela”.
Entre los integrantes más visibles de la lista actualizada se encuentran Elvis Amoroso, presidente del CNE y excontralor general de la República; Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista; Tareck El Aissami, ex ministro de Petróleo y ex presidente de Petróleos de Venezuela.
También figuran Gustavo González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); (PDVSA); Iván Hernández Dala, director general de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); Alexander Granko, director de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM; Hannover Guerrero, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la 35 brigada de la Policía Militar.
Además, Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria; Carlos Calderón, agente del comando de élite de la Policía Nacional de Venezuela (PNB/FAES); Rafael Franco Quintero, general de la Fuerza Armada Nacional (FANB) y jefe de seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, entre otros.
Otros funcionarios sancionados son Remigio Ceballos Ichaso, ministro Interior y Justicia de Venezuela; Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica; Tarek William Saab, fiscal general de la República y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.
También, Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira; Maikel Moreno, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela; Alexis Escalona, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT) y Omar Fernández, ex gobernador del estado Zulia, entre otros.
En cada renglón de la lista, la UE especifica en qué manera los funcionarios han “apoyado y facilitado las acciones y políticas del Gobierno que han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.
Las primeras sanciones de la UE contra particulares venezolanos se dieron en 2017, luego de intensas manifestaciones antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas del Estado y en las que murieron decenas de personas.
En ese entonces, el Consejo prohibió la exportación de armas y equipos que puedan ser utilizados para la represión interna, equipos de vigilancia y la inmovilización de fondos y recursos económicos de determinadas personas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de DDHH.
El mes pasado el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, había pedido a la UE levantar sanciones a Venezuela, tras la flexibilización de sanciones petroleras temporales por parte de EEUU, ante la “evolución positiva” del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición.
En junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, reanudar la investigación a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad argumentando que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos”.
La semana pasada el Estado venezolano acudió ante la Sala de Apelaciones de la CPI, que celebró audiencias sobre el recurso de apelación del Estado venezolano contra la decisión de reanudar la investigación.
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