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Este miércoles, la ciudad de Panamá volvió a ser escenario de una masiva marcha, esta vez convocada por la Universidad de Panamá UP, que presentó ante la Corte Suprema de Justicia sus argumentos en contra de la norma con la que se aprobó el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
La marcha pacífica, que salió de la Facultad de Humanidades, llegó hasta el edificio del Órgano de Justicia.
El documento, que fue entregado por el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, indica que “la nación panameña se encuentra en estos momentos en una de las situaciones más críticas de su existencia por razón del deterioro institucional que desde hace varias décadas azota a la República y que ha dado como resultado la explosión social por la que atraviesa nuestro país desde hace más de cuatro semanas”.
En sus alegatos, la Universidad de Panamá, señala que el procedimiento legislativo seguido para la aprobación de este contrato-ley infringe la normativa constitucional del sistema jurídico.
De acuerdo a la UP, la concesión infringe el artículo 298 de la Constitución, que establece que el Estado debe velar por la libre competencia económica y la libre concurrencia en los mercados, lo que no puede lograrse, con lo que considera, esta contratación directa contraria a este mandato constitucional, que exige que asuntos de esa magnitud se rijan mediante el régimen de licitación pública.
El documento de alegato, también advierte que se viola el artículo 119 de la Constitución, que señala que es deber del Estado prevenir Ia contaminación ambiental, mantener el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de los ecosistemas.
“Y es que la sola posibilidad que genera la explotación a cielo abierto de minerales metálicos genera una afectación violatoria de Ias normas ecológicas constitucionales nacionales”, enfatiza el documento presentado este miércoles ante el máximo órgano de justicia del país.
La derogación vía legislativo no es viable
Este martes, el procurador de la administración respondió al Ejecutivo que la derogación del contrato minero a través de la Asamblea Nacional no es viable jurídicamente, y recomendó esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El ministro de Gobierno, Roger Tejada informó que el procurador general de la administración, Rigoberto González, respondió al ejecutivo que no es viable jurídicamente la derogación de la Ley 406 sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá, porque excedería los límites de la función legislativa establecida en la constitución.
Tejada explicó que la respuesta del procurador de la administración obedece a una consulta que elevó el presidente Laurentino Cortizo, luego de recibir el 9 de noviembre, de parte de grupos de trabajadores organizados y docentes, una solicitud para que convocara a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para derogar la Ley 406.
“De las consideraciones estudiadas por esta Procuraduría de la Administración, se concluye que no es jurídicamente viable derogar la Ley 406 del 20 de octubre del 2023, toda vez que ello excedería los límites de la función legislativa atribuida a la Asamblea Nacional de Diputados por el numeral 15, artículo 159 de la Carta Magna de la República de Panamá”, afirma el procurador González, en una carta enviada al presidente Cortizo.
