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María Corina Machado, elegida como candidata del antichavismo para las presidenciales del próximo año, apeló ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela su inhabilitación para postularse y ejercer cargos públicos, según reveló en un primer momento el gobierno de Estados Unidos.
“Aplaudimos a María Corina Machado y a los otros candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inhabilitaciones”, publicó la cuenta oficial de la embajada de Estados Unidos para Venezuela, cuya oficina funciona desde 2019 en Bogotá, Colombia.
La acción judicial de Machado y de otros dirigentes políticos inhabilitados, cuyos nombres no se precisaron de inmediato, forma parte de un “procedimiento” acordado por el oficialismo venezolano en el marco de negociaciones para que puedan resolverse jurídica y políticamente sus restricciones para ejercer cargos o ser siquiera candidatos a ellos.
Por la tarde, a su salida de la sede principal del poder judicial en Caracas, Machado insistió en que no estaba inhabilitada, que era “un acto inexistente”, pero dijo que haría “todo lo que está en nuestras manos” en el marco de las negociaciones para que haya elecciones limpias en 2024.
“Nadie nos sacará de la ruta electoral; ahora la pelota está del lado de Maduro”, dijo a la prensa. Luego, en la sede de su partido Vente Venezuela, expresó que no daría “una excusa” al gobierno de Nicolás Maduro para que impida unas elecciones transparentes.
“Este es un paso en la dirección de la derrota de Maduro” en votaciones en 2024, afirmó.
Nadie nos sacará de la ruta electoral; ahora la pelota está del lado de Maduro»
El plazo para que los afectados por las inhabilitaciones participaran en esa fórmula vencía este viernes 15 de diciembre, de acuerdo con el primer vicepresidente del partido de gobierno y considerado uno de los jerarcas del chavismo, Diosdado Cabello.
“Ahora corresponde a los representantes de Nicolás Maduro demostrar su compromiso con unas elecciones competitivas e inclusivas”, añadió el gobierno de Estados Unidos en su mensaje, publicado tanto en inglés como en español en la cuenta X de su oficina consular externa para Venezuela, cuya jefatura está a manos de Francisco Palmieri desde mayo.
Dos días atrás, Machado descartó acudir al poder judicial venezolano para recurrir su inhabilitación, pero dejó la puerta abierta para cambiar de opinión si cambiaban «muchas condiciones» vinculadas a los acuerdos de Barbados.
Dijo entonces que el gobierno venezolano «no es confiable» y aseguró que «no hay nada que recurrir», pues alegó que nunca había sido notificada formalmente de su inhabilitación por 15 años por parte de la Contraloría General.
A pocos días de la celebración de la primaria opositora, el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de partidos que se le oponen firmaron a mediados de octubre acuerdos políticos y electorales en Barbados.
Estados Unidos fue uno de los principales impulsores de esos pactos, alcanzados en el marco de las negociaciones facilitadas por Noruega.
La administración del presidente estadounidense Joe Biden anunció horas después la flexibilización de sanciones económicas contra el sector petrolero y de gas en Venezuela como incentivo de esos diálogos y poder alcanzar elecciones transparentes en 2024.
Los acuerdos parciales de Barbados incluyen compromisos sobre nuevas garantías electorales para las presidenciales, que se celebrarían en el segundo semestre de 2024, la participación de candidatos en medios de comunicación oficiales y la aceptación de observadores internacionales, entre ellos la Unión Europea y el Centro Carter.
EEUU exige “avances”, el chavismo responde
La oficina externa de Estados Unidos para Venezuela también reiteró este viernes la petición de la Casa Blanca de “la liberación inmediata de los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente y de los presos políticos venezolanos, incluido Roberto Abdul”, presidente de la ONG Súmate detenido por agentes de inteligencia en el país suramericano.
Según el fiscal general y ex gobernador del chavismo Tarek William Saab, Abdul, formaría parte de un grupo de personas que recibieron dinero de la empresa transnacional ExxonMobil para perjudicar la “lucha” venezolana por el Esequibo, un territorio en disputa con Guyana desde hace dos siglos.
“Continuaremos evaluando las sanciones basadas en avances significativos y tangibles, según el acuerdo de Barbados, para restaurar la democracia”, prometió la delegación estadounidense para Venezuela en su cuenta de X/Twitter.
Jorge Rodríguez, delegado jefe del chavismo para las negociaciones y presidente de la Asamblea Nacional, acusó a la oficina liderada por Palmieri de presuntamente ser un despacho “de propaganda al servicio de los más oscuros intereses contra la paz de Venezuela”.
“No es embajada acreditada en nuestro país (…) persiste en sus veleidades colonialistas que si no fueran tan trágicas y ridículas, serían cómicas. Venezuela no acepta directrices de nadie”, escribió Rodríguez en X/Twitter en respuesta a la revelación norteamericana sobre los recursos contra las inhabilitaciones.
Voceros del oficialismo, como Rodríguez y Cabello, denunciaron que la oposición infló los números de participación de la primaria ganada por Machado y descartaron con vehemencia que la abanderada pueda ser candidata en 2024.
“Ya basta de Julio Borges, de Leopoldo López, de los Capriles, ya basta de la Machado”, dijo el presidente Maduro en una alocución en la que calificó la primaria de “megafraude”.
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