Procesan en nueva causa a preso del 11J con trastornos psiquiátricos

La Fiscalía Municipal de Quivicán, en Mayabeque, pidió tres años de privación de libertad para el preso político Abel Lázaro Machado Conde, inculpado, en una nueva causa por el presunto delito de resistencia.

Machado Conde, manifestante del 11 de julio en Güines, en la misma provincia, recibió una golpiza por parte de las autoridades del penal luego de que se negara a regresar a la Compañía 8, de la cual había sido transferido debido a una reyerta que tuvo con reos comunes, que lo amenazaron con un cuchillo.

“Yo había tenido que llamar al Jefe de la Prisión de Quivicán porque a mi hijo, varios presos ‘le alaron un cuchillo’. Entonces lo pasaron para la Compañía 6 y ahí estaba tranquilo”, relató a Martí Noticias Beatriz Conde Mesa, la madre del prisionero político.

“La noche del 15 de marzo, Yuleiki Méndez Montero, segundo jefe de la prisión, llegó borracho y sacó a cuatro presos, entre ellos Abel, para ponerlos en la compañía 8. Mi hijo trató de explicarle que no podía ir para allí debido al incidente con los otros reclusos, que ponía en riesgo su vida, pero lejos de ayudar a mi hijo, lo empujó contra la reja y le cayó a trompadas. Cuando yo vi a mi hijo estaba lleno de moretones por todo el cuerpo. Hasta el punto que le dieron un certificado médico por lesiones que está en poder de su abogado”.

Conde interpuso una demanda contra Yulieski Menéndez Montero, por maltrato y lesiones, ante la Fiscalía Militar, desde donde trataron de coaccionar al muchacho para que retirara el reclamo.

“Yo le dije al fiscal que la denuncia la hice yo, por tanto, era yo quien decidía si la quitaba o no”, afirmó la madre del preso político, quien hasta hoy no ha recibido respuesta.

“Ahora llega una petición fiscal y le piden a mi hijo tres años más de prisión por resistencia, cuando él fue el agredido”, lamentó Conde.

Las Conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que el 15 de marzo, “en horas del mediodía”, el imputado se opuso a las órdenes del jefe penitenciario Méndez Montero, que, “cumpliendo con sus funciones” debía trasladar de colectivo a varios internos que cumplen con la “Operación Dignidad”, nombre bajo el que el régimen cataloga a las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.

De acuerdo al documento de la Fiscalía, el preso político se agarró a la reja y forcejeó hasta que el oficial pudo zafarlo y meterlo en el destacamento.

El texto también argumenta que Machado Conde ha tenido repetidos señalamientos por mala conducta.

Machado Conde, quien cumple nueve años de prisión por “desórdenes públicos y sabotaje”, presenta trastorno orgánico de la personalidad y epilepsia y ha intentado varias veces acabar con su vida.

El grupo independiente Justicia 11J ha pedido la libertad de los presos políticos que padecen algún tipo de discapacidad.

La cifra de personas vulnerables detenidas entre 2021 y 2023 debido a su participación en protestas públicas en Cuba, es al menos de 315, según la organización.