Al estilo de Ortega, proyecto de Ley permitiría a Díaz-Canel quitar la ciudadanía a los cubanos

Un nuevo proyecto de ley en Cuba plantea la posibilidad de despojar de la ciudadanía a los cubanos nacidos en la isla, facultando al presidente Miguel Díaz-Canel y al Ministerio del Interior (MININT) para retirar la nacionalidad, en algunos casos sin necesidad de seguir formalidades en el procedimiento.

El Artículo 18.1 del proyecto, disponible desde el 24 de junio en el sitio oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba, establece que «el presidente de la República y el Ministro del Interior son las autoridades en materia de ciudadanía, competentes para resolver los expedientes administrativos sobre adquisición, pérdida, privación, renuncia y recuperación de la ciudadanía cubana».

Desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa ha calificado la propuesta legislativa como preocupante y un paso hacia atrás.

«Creo que esto es un paso hacia atrás que además demuestra cierto contubernio entre las autocracias de la región. Ya esto lo hizo Nicaragua, hay una sintonía en los regímenes de privar de la nacionalidad a ciudadanos por razones eminentemente políticas», declaró el opositor.

En 2023, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, despojó de la nacionalidad a 317 opositores y críticos de su régimen autoritario y los envió al exilio, tras acusarlos de «traidores» y «vendepatrias». Organismos de derechos humanos de la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países condenaron el despojo de la nacionalidad para los opositores nicaragüenses.

El texto del proyecto de ley detalla que se despojaría de la nacionalidad a los cubanos que se alisten en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país o desde el extranjero, y que realicen actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba.

Morúa añadió que se trata de «una situación nueva, ni siquiera Fidel Castro se atrevió. Aunque la Constitución del 76 preveía la posibilidad de quitar la ciudadanía a los cubanos, nunca se legisló a favor de eso. Un paso totalmente arbitrario que va a afectar fundamentalmente a los cubanos que viven en el exterior, que han tenido una actividad y una acción contundente en relación con las denuncias de la violación de los derechos humanos en la situación del país».

Por otra parte, el abogado cubano Alain Espinosa, del grupo de asesoría legal Cubalex en declaraciones a Martí Noticias expresó que lo primero que esta ley viola es la jerarquía normativa establecida en el artículo 7 de la Constitución.

«La Constitución establece expresamente que no se pierde la nacionalidad cubana y no establece tampoco la posibilidad de renunciar a ella. Esta ley lo que tendría que hacer es reglamentar la forma en que se ejercen esos derechos consagrados en la Constitución, por lo tanto, no puede disponer algo que no está contenido en dicho derecho», afirmó.

Por su parte, Laritza Diversent, abogada cubana exiliada en Estados Unidos y líder de Cubalex, subrayó que es solo un proyecto de ley, que en un estado democrático, sería un tribunal la instancia encargada de tomar este tipo de decisiones.

«Lo básico que se establece en el derecho internacional es que cualquier decisión que se tenga respecto a los derechos humanos debe ser tomada por una autoridad independiente. Para el derecho internacional, una autoridad independiente son los tribunales, después de un proceso judicial en el que se respeten las garantías del debido proceso y se presenten pruebas y evidencias que justifiquen la necesidad de privar a una persona de la ciudadanía», explicó Diversent.

La abogada y activista cubana también indicó que sus compatriotas no tienen actualmente un recurso legal para impugnar las decisiones discrecionales tomadas por el Estado cubano.

«Por supuesto, la persona debería tener derecho a recurrir estas decisiones y no existen recursos para ir contra las decisiones discrecionales de las autoridades, que por cierto no son judiciales sino administrativas, en este caso, el Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior», concluyó.