Sheinbaum lanza plan de desarme en México con el apoyo de la Iglesia católica y el ejército

Desde uno de los templos más emblemáticos para los mexicanos como es la Basílica de Guadalupe, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó el viernes un plan nacional de desarme como parte de los esfuerzos de su gobierno para hacer frente a la violencia que golpea a vastas regiones de México.

“Estamos comprometidos con la construcción de la paz en nuestro país”, dijo Sheinbaum en un acto en la explanada de la basílica que marcó el arranque del programa “Sí al desarme, Sí a la paz”, que será respaldado por la Iglesia católica, el ejército y las secretarías de Seguridad federal y Gobernación.

“¿De qué sirven las armas? Las armas es un símbolo de la violencia, es un símbolo de la muerte”, expresó la mandataria. Su gobierno espera promover la entrega voluntaria y anónima de armas en los atrios de los templos católicos y evangélicos a cambio de dinero en efectivo.

Para estimular el desarme, el gobierno ha previsto “incentivos en efectivo” que contemplan el pago de 1.045 pesos (unos 52 dólares) por armas artesanales útiles; 8.700 pesos (unos 435 dólares) por un revolver Magnum; 3.910 pesos (unos 195 dólares) por granadas de fusil; 25.000 pesos (unos 1.250 dólares) por un fusil AK-47, y 26.450 pesos (unos 1.322 dólares) por una ametralladora ligera y pesada, según refiere una lista que se publicó a inicios de semana en el Diario Oficial de la Federación.

Desde hace años, las autoridades mexicanas han promovido iniciativas similares que no han tenido mayor impacto para contener la violencia en México, que en los últimos años han ocasionado alrededor de 30.000 homicidios por año, según cifras oficiales.

Para Sheinbaum, atender el tema de la criminalidad y el combate a las poderosas organizaciones criminales mexicanas se ha convertido en una de las prioridades de cara a los primeros 100 días de su gobierno, que estuvieron marcados por varios ataques masivos. Dejaron más de una treintena de muertos en diferentes puntos del país y una ola de violencia, desatada desde septiembre, en el estado norteño de Sinaloa por una cruenta lucha que mantienen dos bandos del Cártel de Sinaloa.

Entre los cientos asistentes al acto en la Basílica de Guadalupe, en el norte de la capital, estaba Alberto Sánchez Santiago, un profesional de 36 años, que llegó al lugar con una vieja ametralladora dentro de una bolsa de mercado.

“Decidí entregar el arma por la tranquilidad de mi familia y la seguridad de las personas que trabajan en nuestra casa porque no sabemos qué accidente se puede suscitar”, dijo Sánchez Santiago. Contó que le perteneció a su abuelo y que estaba guardada en su casa desde más de 40 años.

A su lado estaba un hombre, que se identificó como Cuauhtémoc, que entregó un lote de balas y una carabina heredada de sus abuelos y que solía emplear para cazar animales en el municipio capitalino de Xochimilco.

“Dicen que las armas las tiene el diablo, entonces mejor que esté lejos. Y ya para qué tenerlas ahí causando problemas futuros”, comentó mientras sacaba la vieja escopeta de un estuche plástico. “No me importa su valor, y ni quiero saberlo”, agregó.

El analista de seguridad David Saucedo dudó de que el programa de Sheinbaum pueda contener la violencia e indicó que el plan responde más a una estrategia de “corte mediático, cosmético” para “dar la sensación de que hay un trabajo importante por parte del gobierno federal para detener la violencia”.

“No hemos visto que estas campañas, que son bien intencionadas, tienen un impacto real en la recuperación de armas”, expresó Saucedo. Recordó que las experiencias de años anteriores han demostrado que las armas que se entregan en los programas de desarme voluntario son las que están en desuso o muy viejas. “No veo cómo alguien del crimen organizado, que quiera deshacerse de un arma que le costó el doble o el triple, la va a entregar”, sostuvo.

En un informe de 2023 sobre violencia y tráfico de armas de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de México se refiere que, según la encuesta de Small Arms Survey, en el país hay al menos 13 millones de piezas de armamento no registradas.

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